Senador del PDC acude a la CIDH para exigir garantías en la segunda vuelta en La Paz

El legislador denuncia vulneración de derechos políticos y anuncia acciones legales en instancias nacionales e internacionales

Senador del PDC, Wilder Veliz. Senador del PDC, Wilder Veliz.

Sucre/CORREO DEL SUR DIGITAL
Política / 04/04/2026 15:40

El senador del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Wilder Veliz, informó este sábado que presentó una solicitud ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que se adopten medidas cautelares que garanticen la realización de la segunda vuelta electoral para la Gobernación de La Paz.

A través de sus redes sociales, el legislador manifestó que existe una “flagrante vulneración de derechos políticos”, tanto individuales como colectivos, advirtiendo que no se puede permitir una afectación a la democracia ni a la voluntad soberana de la ciudadanía.

En contraste, el Tribunal Supremo Electoral se ratificó en las últimas horas en que el balotaje quedó sin efecto, en aplicación del artículo 64 de la Ley de Régimen Electoral. Esta normativa establece que, si una organización política se retira de la contienda, se declara ganador automáticamente al candidato que permanece en carrera.

Bajo este criterio, el órgano electoral proclamó como gobernador electo a Luis Revilla, representante de la alianza oficialista, luego de que René Yahuasi, de Nueva Generación Patriótica (NGP), quedara fuera del proceso tras la declinación de su organización política, en medio de una controversia que ha generado cuestionamientos sobre el derecho ciudadano al voto.

“Esta situación afecta de manera directa al pueblo paceño, al vulnerar su derecho fundamental a elegir libremente a su gobernador. No se trata de un hecho menor: estamos hablando de más de dos millones de votantes cuyos derechos están siendo desconocidos”, sostuvo Veliz.

El senador, quien además ejerce como secretario del Comité de Justicia Plural de la Cámara Alta, aseguró que se activarán todos los recursos legales disponibles, tanto en el ámbito nacional como internacional, para resguardar los derechos políticos y la institucionalidad democrática.

“La voz del pueblo debe ser escuchada y respetada”, enfatizó el legislador.

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