Decreto supremo pone fin a contrataciones directas

El Gobierno aprobó este lunes el Decreto Supremo (DS) 5600, que anula 161 normas del mismo rango que autorizaban contrataciones directas, de las cuales 105 no establecían monto. Ahora, las adquisiciones del Estado deberán llevarse a cabo mediante mecanismos competitivos y transparentes, en línea con las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios.

La norma fue presentada en una conferencia de prensa con la presencia del presidente Rodrigo Paz y los ministros de la Presidencia José Luis Lupo y de Economía José Gabriel Espinoza.

“Este decreto tiene tres objetivos centrales: transparentar todas las contrataciones directas, eliminar todos los mecanismos que permitían este direccionamiento (…) y revisar y auditar todo lo que se hizo en el pasado porque tiene que haber responsables”, manifestó el ministro Lupo y afirmó que la norma “es un punto de quiebre en la forma de utilizar los recursos públicos”.

La autoridad añadió que con esta medida se busca eliminar “161 decretos y en particular 105 que están abiertos sin monto y que son instrumentos para poder robarle al pueblo de Bolivia”. Los decretos observados fueron aprobados durante los 20 años de gestión del Movimiento Al Socialismo (MAS).

Lupo explicó que el esquema de contratación directa permitió que instituciones públicas seleccionen a un único proveedor sin comparación de ofertas, lo que dio lugar a hechos de corrupción.

DAÑO AL ESTADO

La autoridad informó que los 161 decretos generaron un daño al Estado superior a 96 millones de dólares.

En la conferencia se presentó un video con obras ejecutadas mediante contratación directa durante el gobierno del MAS, entre ellas el hospital gastroenterológico de La Paz y el Museo de Orinoca en Oruro.

“La mayoría de estos y otras decenas de ejemplos, porque son decenas de ejemplos, no son nuevos, han sido parte de un sistema de corrupción instituido en el país por casi 20 años”, aseguró Lupo. 

Añadió que, entre otros casos, se detectó que en Cochabamba, Chuquisaca y Potosí se adjudicaron de forma directa proyectos para construir tres unidades de radioterapia. Sin embargo, las obras quedaron paralizadas con un avance del 14 % y no cuentan con equipamiento médico.

El presidente Rodrigo Paz afirmó que la normativa apunta a desmontar un modelo que se volvió una “ideología de corrupción” y un “sistema que sostenía esa ideología de la corrupción que se desarrolló durante 20 años”