Gestora asegura que fallo a favor de BBVA no afecta pensiones en Bolivia
La entidad garantiza estabilidad del SIP y afirma que el pago de 105 millones de dólares será asumido por el Estado sin comprometer los fondos jubilatorios
Imagen referencial. La Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo afirmó que el reciente fallo internacional que obliga al Estado boliviano a indemnizar a BBVA Previsión no tendrá impacto en la administración ni en la estabilidad del Sistema Integral de Pensiones (SIP).
El pronunciamiento surge después de que el Gobierno confirmara el resultado adverso en el proceso arbitral vinculado a la nacionalización de la gestión de los fondos de pensiones. El Tribunal Supremo de los Países Bajos rechazó el intento del Estado de anular el laudo emitido por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), que establece el pago de aproximadamente 105 millones de dólares.
“El fallo confirma que Bolivia deberá pagar aproximadamente 105 millones de dólares a BBVA Previsión”, informó el viceministro de Pensiones y Servicios Financieros, José Horacio Valencia.
La autoridad señaló que el Estado cumplirá con esta obligación y que ya se evalúan los mecanismos para concretar el desembolso. “El Estado va a tomar las medidas que tenga que tomar para realizar el pago”, indicó, sin precisar mayores detalles.
Ante la preocupación generada, la Gestora Pública recalcó que los recursos del SIP constituyen un patrimonio autónomo, independiente y destinado exclusivamente al pago de pensiones y beneficios, por lo que no pueden ser utilizados para otros fines.
En ese sentido, aseguró que las prestaciones a jubilados y asegurados continuarán pagándose con normalidad y están plenamente garantizadas por ley, pese al impacto económico del fallo internacional.
El caso tiene su origen en las controversias derivadas de la nacionalización de la administración de los fondos de pensiones, proceso que desembocó en el laudo arbitral que ahora obliga al país a asumir la millonaria indemnización. Mientras se definen los mecanismos de pago, las autoridades buscan dar certidumbre a los beneficiarios del sistema.
