Ley 1720 y crisis de diésel agitan protestas sociales
El desabastecimiento de diésel y el rechazo a la Ley 1720 agitan las protestas sociales en el país. Transportistas, indígenas y mineros expresaron su descontento y exigieron al Gobierno que atienda esas demandas.
MOVILIZACIÓN. Un grupo de 300 indígenas se sumaron a la marcha que se dirige a La Paz. Foto: Archivo El desabastecimiento de diésel y el rechazo a la Ley 1720 agitan las protestas sociales en el país. Transportistas, indígenas y mineros expresaron su descontento y exigieron al Gobierno que atienda esas demandas.
En La Paz, la Cámara Departamental de Transporte (Cadetran) convocó a sus bases para iniciar una marcha y bloqueo este lunes a partir de las 7:00 en la extranca de Senkata. El sector declaró emergencia por la falta de respuesta gubernamental y reclamó regularizar el suministro de carburantes. Mediante un comunicado, los afiliados argumentaron que aceptaron el incremento a Bs 9,80 e indicaron que “no existe justificativo para la actual escasez”, según informó la Red Unitel.
Entretanto, la marcha indígena que partió de Pando llegó este sábado al municipio paceño de Caranavi, tras casi dos semanas de recorrido. La columna, reforzada con 300 personas provenientes de San Ignacio de Moxos, continuará su caminata hacia la ciudad sede de Gobierno para exigir la anulación de la Ley 1720 y la titulación de tierras para los barraqueros, según informó la Red Erbol.
Esta movilización sumó apoyo de otros sectores. Tras un ampliado nacional, la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia determinó respaldar “moral y materialmente” la marcha, porque considera que la norma, autoriza la conversión voluntaria y gratuita de la pequeña propiedad agrícola a mediana propiedad ante el INRA, perjudica a los pequeños productores.
A estas mismas exigencias se unieron las autoridades originarias de la provincia Nor Carangas de Oruro. Mediante un voto resolutivo, los representantes campesinos se declararon en estado de emergencia. “Pedimos solución a la gasolina basura y a la escasez de carburantes, ya que afecta a la economía de todos nuestros comunarios”, señalaron. Además, exigieron la abrogación de la Ley 1720, que atenta a la propiedad comunitaria”.
El presidente Rodrigo Paz firmó esta semana un acuerdo con la CIDOB en Santa Cruz para modificar la Ley 1780 con una ley corta.