Cuestionan decreto de 2022 sobre calidad de combustibles mientras YPFB anuncia su revisión
Marinkovic atribuye los problemas al DS 4718 de Luis Arce y advierte procesos legales, mientras la estatal confirma cambios en la norma vigente
El senador Branko Marinkovic (Libre) señaló al Decreto Supremo 4718, promulgado en 2022, como el origen de los problemas en la calidad de los combustibles en el país, en tanto que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) confirmó que la normativa continúa vigente, aunque se encuentra en proceso de revisión.
“Esto nace el 18 de mayo del 2022 con el DS 4718. El gobierno del expresidente Luis Arce, junto con el presidente de Yacimientos, decide bajar los parámetros de calidad del combustible que se importa en el país mediante decreto”, afirmó el legislador, al sostener que la flexibilización de estándares permitió el ingreso de carburantes de menor calidad.
Según Marinkovic, el incremento de componentes como manganeso y gomas, además de la mezcla con etanol, habría generado daños en motores y catalizadores de vehículos en distintos puntos del país.
El DS 4718 estableció un nuevo Reglamento de Calidad de Carburantes, fijando parámetros técnicos para la importación y comercialización de gasolina, diésel y GLP. Entre los límites permitidos, la norma autoriza hasta 18 miligramos de manganeso por litro y hasta 5 miligramos de gomas por cada 100 mililitros, aspectos que actualmente son cuestionados por sus posibles efectos en el parque automotor.
El deterioro en la calidad de los combustibles habría afectado a miles de vehículos, lo que derivó en un proceso de resarcimiento impulsado por el Gobierno. En ese contexto, el exministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, aseguró previamente que la administración de Arce recibió reportes de daños desde 2025.
Ante esta situación, Marinkovic anunció que impulsará procesos por presunto daño económico al Estado contra exautoridades y técnicos de YPFB, al considerar que existió negligencia en la autorización de combustibles bajo estándares cuestionados.
Por su parte, el presidente de YPFB, Sebastián Daroca, evitó atribuir responsabilidades directas al decreto, aunque reconoció que forma parte de la documentación remitida a la comisión legislativa que investiga el caso. “Ese decreto está vigente, pero está actualmente en proceso de revisión y en los próximos días se va a cambiar”, señaló, al adelantar una conferencia de prensa para explicar los aspectos técnicos vinculados a la problemática.