Paz tiene aval para dictar un Estado de Excepción

En tiempo récord y por más de dos tercios de votos, la Cámara de Diputados sancionó la noche de este martes la Ley 1732, que elimina las restricciones para dictar ‘Estados de Excepción’ y, horas más tarde, el presidente Rodrigo Paz la promulgó, con lo que tiene vía libre para recurrir a este mecanismo constitucional ante los conflictos sociales y los bloqueos de caminos que mantienen cercada a la sede del Gobierno y a gran parte del país.

La Cámara Baja instaló a las 12:15 de este martes una sesión virtual para tratar la abrogación de la Ley 1341 de Estados de Excepción, conocida como ‘Ley Copa’. Con el respaldo de más de dos tercios de los diputados se aprobó la dispensación de trámite, lo que permitió viabilizar el tratamiento del proyecto de ley que había sido anulado el domingo en la Casa de la Libertad, en Sucre, por parte del Senado.

A las 20:20 y tras un prolongado debate, más de dos tercios de los 123 presentes en la sesión virtual aprobaron en sus estaciones en grande y en detalle el proyecto de ley, compuesto por un solo artículo. De esta manera, quedó sin efecto la Ley de Estados de Excepción promulgada en 2020 por la entonces presidenta de la Cámara Alta, Eva Copa.

Diputados actuó como cámara revisora luego de que el Senado aprobara el proyecto el pasado 24 de mayo en Sucre. Cumplido el trámite legislativo, la norma sancionada fue remitida al Órgano Ejecutivo para que el Presidente la promulgue y posteriormente sea publicada en la Gaceta Oficial, trámite necesario para su plena vigencia. Esto ocurrió antes de la medianoche.

Durante el debate, los diputados discutieron ampliamente la pertinencia de abrogar la ley. La mayoría de las intervenciones se centró en responsabilizar a Evo Morales como principal articulador de la crisis que atraviesa el país. Varios legisladores, además, solicitaron que, más allá de la norma, se cumpla  con la orden judicial de aprehender al exmandatario.

El impulsor de la anulación de la Ley 1341, el diputado Carlos Alarcón (Unidad), afirmó que esa norma era “criminal” y que tuvo el fin de “desnaturalizar” los estados de excepción frente a situaciones que generan “caos y anarquía” en medio de las protestas sociales. Según Alarcón, resguardaba a los “grupos violentos que se atribuyen la representación del pueblo”, por lo que su abrogación da una mayor capacidad de acción a las FFAA cuando la Policía se vea rebasada. En contrapartida, el diputado Edwin Valda, de una facción disidente del oficialista PDC, consideró que esta abrogación generará “mayor violencia” y que con esto las reivindicaciones sociales quedarán “desprotegidas”. 

ANTECEDENTES

La Ley 1341 reglamentaba cuatro artículos de la Constitución dedicados al Estado de Excepción y señalaba que se dispondrá de las Fuerzas Armadas en el control de disturbios civiles siempre que la Policía “hubiera sido superada y no exista otro medio efectivo para restablecer el orden”. También limitaba a 60 días la duración de la medida.

La CPE vigente desde 2009 permite declarar mediante decreto el Estado de Excepción en todo o parte del país ante una conmoción interna y establece que esta medida no podrá suspender las garantías ni los derechos fundamentales, además de que su vigencia estará sujeta a la aprobación del Legislativo en un plazo de 72 horas.