Gobierno alerta que conflictos sociales facilitan expansión del narcotráfico en la región
Viceministro advierte en foro del Mercosur que bloqueos y pérdida de control territorial debilitan la lucha antidroga y favorecen al crimen organizado
Durante la XXXVII Reunión Especializada de Autoridades de Aplicación en Materia de Drogas del Mercosur (Red Mercosur), el viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Ernesto Justiniano, alertó que los escenarios de conflictividad que atraviesa el país están siendo aprovechados por organizaciones criminales para fortalecer sus operaciones y ampliar su presencia.
En su exposición, la autoridad señaló que el narcotráfico y el crimen organizado transnacional encuentran condiciones favorables cuando el Estado pierde capacidad de control en determinadas regiones o corredores estratégicos, una situación que —advirtió— debe generar preocupación a nivel regional.
Justiniano remarcó que las redes criminales se benefician de debilidades institucionales, fronteras porosas y contextos de tensión social para consolidar sus estructuras y expandir actividades ilícitas. “Debemos decirlo con claridad: no toda protesta tiene relación con el narcotráfico, pero el narcotráfico sí se beneficia del caos, de la ausencia de control territorial y de cualquier situación que impida la acción legítima del Estado”, afirmó.
Asimismo, sostuvo que los bloqueos prolongados, los hechos de violencia y la interrupción de rutas no solo impactan en el abastecimiento y la economía formal, sino que también limitan la capacidad operativa de las instituciones encargadas de combatir el narcotráfico.
En ese marco, mencionó dificultades en el trabajo de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), las unidades de control de sustancias químicas, los equipos de erradicación y las labores de inteligencia en territorio.
Finalmente, enfatizó que la presencia efectiva del Estado en zonas fronterizas, corredores estratégicos y áreas de riesgo constituye una política clave en la lucha antidroga, ya que evita que las organizaciones criminales consoliden control territorial y desplieguen redes de financiamiento, logística e influencia social.