Cancillería pide a la CIDH una evaluación integral que contemple el impacto humanitario de los bloqueos
El Gobierno reconoce el derecho a la protesta, pero advierte que las movilizaciones prolongadas han generado graves afectaciones en salud, abastecimiento y circulación en el país
Imagen referencial. La Cancillería del Estado respondió este miércoles al pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la situación en Bolivia, solicitando que cualquier análisis del conflicto incorpore de forma “equilibrada y completa” las consecuencias humanitarias derivadas de los bloqueos prolongados.
Desde la cartera de Estado se destacó que el organismo internacional haya reconocido que estas medidas generan impactos directos en derechos fundamentales, especialmente en el acceso a servicios de salud, alimentos, medicamentos, combustible y la libre circulación.
No obstante, el Gobierno consideró necesario ampliar esa mirada. Señaló que toda evaluación debe incluir no solo los efectos de las protestas, sino también los resultados de las investigaciones oficiales en curso, con el objetivo de lograr una comprensión más integral de la situación.
Según datos oficiales, los bloqueos sostenidos desde mayo de 2026 han provocado severas restricciones en el abastecimiento de productos básicos e insumos médicos, además de dificultar el traslado de pacientes, personal sanitario y ambulancias. También se reportaron complicaciones en el suministro de oxígeno medicinal para hospitales y limitaciones en la movilidad de miles de ciudadanos.
En ese contexto, la Cancillería remarcó que los derechos humanos deben ser entendidos en un sentido amplio. “No pertenecen exclusivamente a quienes protestan ni exclusivamente a quienes ejercen autoridad. Pertenecen también a las familias que esperan una ambulancia, a los pacientes que requieren oxígeno y medicamentos, a los trabajadores que necesitan desplazarse, a los productores que abastecen los mercados, a los niños que requieren atención médica y educación, y a todos los ciudadanos que tienen derecho a vivir en paz y con dignidad”, señala el pronunciamiento.
La CIDH había manifestado que el Estado debe tolerar cierto nivel de afectación como consecuencia de la protesta social. Sin embargo, también advirtió que los bloqueos prolongados pueden generar graves vulneraciones a otros derechos, particularmente cuando impiden el acceso a servicios esenciales.
Frente a ello, el Gobierno boliviano reiteró su compromiso con el respeto al derecho a la protesta pacífica y la libertad de expresión, aunque subrayó que estas garantías deben ejercerse en armonía con los derechos de terceros, evitando acciones que deriven en afectaciones desproporcionadas.
Asimismo, expresó preocupación por los hechos de violencia registrados durante las movilizaciones, que han afectado a sectores vulnerables, personal de salud, periodistas, transportistas y ciudadanos ajenos al conflicto.
Finalmente, la Cancillería alertó sobre el uso de dinamita y otros materiales explosivos en carreteras y puntos de bloqueo, al considerar que constituyen un grave riesgo para la vida, la integridad física y la seguridad de la población.
