Gobierno diferencia entre protesta legítima y hechos delictivos en medio de bloqueos en La Paz y El Alto
Vocero asegura que se habilitan corredores humanitarios mientras advierte que actos como secuestros y sabotaje a infraestructura serán sancionados
José Luis Gálvez, vocero presidencial. Foto: APG El vocero presidencial, José Luis Gálvez, fijó este miércoles la posición del Gobierno frente a los bloqueos que afectan a La Paz y El Alto, marcando una clara distinción entre las demandas ciudadanas legítimas y las acciones que —según afirmó— derivan en hechos delictivos.
Durante una conferencia de prensa, la autoridad señaló que existen sectores que apuestan por el diálogo y la búsqueda de soluciones, pero advirtió que otros han optado por medidas violentas, incluyendo el secuestro de trabajadores y la intervención de instalaciones estratégicas como pozos de bombeo y plantas de YPFB, lo que ha generado un impacto directo en el abastecimiento de combustible, alimentos y oxígeno.
“La protesta es un derecho garantizado por la Constitución, pero los actos criminales siempre recibirán una respuesta firme del Gobierno. No hay justificación para secuestrar personas ni bloquear servicios esenciales”, sostuvo.
En ese contexto, Gálvez destacó la implementación de corredores humanitarios para asegurar el traslado de insumos esenciales, priorizando medicamentos, oxígeno y combustible destinados a pacientes críticos, niños y personas con enfermedades graves. Asimismo, indicó que se han habilitado rutas alternativas para permitir la circulación de sectores productivos afectados por los bloqueos.
“Estos son los que buscan soluciones, mientras otros grupos persisten en generar caos, bloquear por meses e impedir el tránsito de ambulancias, oxígeno y alimentos”, afirmó.
El vocero reiteró que el Ejecutivo respeta plenamente el derecho a la protesta pacífica, pero insistió en la necesidad de que quienes mantienen los bloqueos permitan el paso de insumos vitales y cumplan con los acuerdos asumidos en sus propias instancias orgánicas.
“Es momento de pasar del discurso a la acción: que los bloqueadores dejen de castigar al pueblo y faciliten el ingreso de medicinas, oxígeno y alimentos a quienes más lo necesitan”, concluyó.
La postura del Gobierno enfatiza la necesidad de resguardar la vida y los derechos fundamentales de la población, al tiempo de mantener el orden público y la institucionalidad en un contexto de conflictividad social.
