Abogados: Se cometen delitos en los bloqueos de carreteras

Identifican actos dolosos el obstruir rutas y arrogarse la representación del pueblo

CHUQUISACA. Funcionarios del Servicio Departamental de Caminos proceden a limpiar las piedras dejadas por los bloqueadores que se replegaron. CHUQUISACA. Funcionarios del Servicio Departamental de Caminos proceden a limpiar las piedras dejadas por los bloqueadores que se replegaron. Foto: Gentileza

Sucre/CORREO DEL SUR
Política / 14/06/2026 04:09

En los bloqueos de carreteras se están cometiendo delitos de acción pública porque ya no se trata de una protesta pacífica sino de atentados contra la libertad de trabajo, la salud, seguridad en los medios de transporte, organización criminal e instigación pública a delinquir con la presencia de grupos irregulares armados. Dos abogados penalistas, un exmagistrado y la presidenta del Ilustre Colegio de Abogados de Chuquisaca (Icach) señalan que el Ministerio Público y la Policía deberían intervenir con una investigación penal oportuna para desarticular estos grupos que ponen en riesgo la institucionalidad del Estado.

La presidenta del Icach y exvocal del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, Elena Lowenthal, identificó como delitos que se cometen en los puntos de bloqueo, la obstaculización del libre tránsito de personas y vehículos, la agresión a la fuerza pública, la extorsión a las personas que tienen urgencia de transitar e impedir el ingreso de medicamentos, alimentos y oxígeno a las ciudades. 

“Hay varias otras conductas que sin dificultad se encuentran descritas como delitos en el Código Penal, todas de orden público que el Ministerio Público debe iniciar procesos de investigación de oficio sin esperar ni denuncias ni querellas”, señaló Lowenthal en entrevista con CORREO DEL SUR.

CAMBIO DE PLIEGO

El exmagistrado del Tribunal Constitucional, José Antonio Ribera, manifiesta que estos bloqueos de más de 40 días, no se pueden considerarse como una movilización social reivindicatoria, sino conspirativa, porque la Central Obrera Boliviana (COB) comenzó demandando al Gobierno la atención a su pliego petitorio, pero después lo cambió por la renuncia del Presidente.

“Eso ya no es una movilización de reivindicación sino una movilización subversiva, conspirativa, sediciosa y que estos movilizados no están ejerciendo su derecho humano a la protesta social, que se caracteriza por ser una manifestación pacífica sin afectar derechos de los demás”, señaló Ribera en una entrevista con Panamericana. 

Agregó que los sectores movilizados se están arrogando la representación del pueblo, están obstruyendo las vías camineras, obstaculizando la circulación del transporte, cometiendo atentados contra la salud y el uso de armas, todas esas conductas están tipificadas como delitos.

CONVULSIÓN

El abogado y exfiscal de materia en Sucre, Fernando Aragón, sostiene que los manifestantes que interrumpen la circulación vehicular en las carreteras, pasaron de una protesta pacífica garantizada por la Constitución a generar una convulsión social.

El jurista dijo que estos actos delictivos, más allá de afectar a la economía, van en contra de la mayoría de la población y puede considerarse la presencia de una organización criminal, porque en los puntos de bloqueo se presentaron grupos irregulares armados como en El Alto, Chapare y San Julián, donde personas se mostraron con armas de asalto.

“Estos actos rayan en los delitos de terrorismo, alzamiento armado, porte o portación ilícita de armas y es necesario que la Fiscalía y la Policía procedan a desarticular estos grupos irregulares que ponen en riesgo la institucionalidad. Si se afectaría al Estado democrático, desaparece el Estado”, advirtió.

El abogado y analista político Benjamín Guzmán manifestó que los bloqueos se constituyen en delitos de orden público que el Ministerio Público, por mandato de la ley tiene la obligación de investigar de oficio. 

“El Ministerio Público debería actuar de oficio en determinados delitos por ejemplo: el daño a la propiedad pública en el destrozo de las carreteras que ni la reponen después; ahí tendría que actuar el Ministerio Público. El Gobierno por un cálculo político no inicia acciones penales porque eso es como echarle leña al fuego y nadie respeta el principio de autoridad”, sostuvo.

APUNTAN A EVO

En criterio del exmagistrado José Antonio Ribera, todas las acciones que viene desplegando Evo Morales, desde sus declaraciones públicas, hacen que se pueda inferir y hay suficientes indicios de que es uno de los autores intelectuales de esta movilización sediciosa no reivindicativa y que siendo delitos no se lo inicie acciones penales, pareciera que hay temor político en las autoridades encargadas como el Ministerio Público, jueces, parlamentarios y Policía.

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