Organizaciones campesinas plantean condiciones al Gobierno para iniciar diálogo
Las federaciones Túpac Katari y Bartolina Sisa exigen control a combustibles, alivio económico y la anulación de decretos que consideran inconstitucionales
Campesinos condicionan diálogo con el Gobierno a cinco demandas clave sobre economía, combustibles y decretos. La Federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos Túpac Katari, junto a la organización Bartolina Sisa, remitieron una carta al presidente del Estado, Rodrigo Paz, en la que establecen cinco condiciones para avanzar hacia un eventual proceso de diálogo orientado a resolver la actual situación del país.
En la misiva, las organizaciones señalan: “Por la siguiente carta hacemos conocer las cinco condiciones para el acercamiento a su distinguida autoridad para un posible encuentro y tratar de buscar una solución para nuestro país…”, expresando además su expectativa de recibir una respuesta favorable por parte del Ejecutivo.
Entre los principales puntos planteados se encuentra la preocupación por la calidad del combustible importado. En ese marco, demandan la creación de una comisión inmediata integrada por representantes sociales y técnicos, con apoyo de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), para verificar en frontera si la gasolina cumple con los estándares requeridos. Asimismo, advierten que, de confirmarse irregularidades, se deben anular los contratos con las empresas proveedoras y proceder al resarcimiento económico por los daños ocasionados a vehículos y maquinaria.
Otro de los ejes centrales es el alivio económico para la población. Las organizaciones proponen instruir, mediante la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), el congelamiento temporal de intereses y cargos por mora durante seis meses en obligaciones financieras, además de evitar la aplicación de sanciones o penalizaciones durante ese periodo.
El documento también exige la abrogación de varios decretos supremos que consideran contrarios a la Constitución Política del Estado y perjudiciales para sectores populares. Entre ellos mencionan los decretos 5618 y 5579, a los que acusan de promover una actividad minera sin controles adecuados y de permitir impactos ambientales negativos.
Asimismo, rechazan el Decreto 5517 por considerar que abre paso a la privatización de la importación de combustibles y debilita los controles sobre sustancias, lo que —según señalan— podría favorecer actividades ilícitas. También cuestionan el Decreto 5519, al que atribuyen una centralización excesiva del manejo de datos estatales y posibles vulneraciones a la privacidad.
Las críticas alcanzan además al Decreto 5515, que —según las organizaciones— permitiría al presidente ejercer funciones desde el exterior mediante mecanismos digitales, así como a los decretos 5550, 5551 y 5552, que, aseguran, generan concentración de poder y afectan el equilibrio entre órganos del Estado.
