Los Tupac Katari lanzan “última conminatoria” al Gobierno y descartan diálogo

La Federación Departamental de Campesinos de La Paz Tupac Katari negó este miércoles haber iniciado un proceso de diálogo con el Gobierno y, en su lugar, anunció la emisión de una “última conminatoria” para que las autoridades atiendan un pliego de cinco condiciones planteadas por el sector. Entretanto, la organización ratificó la continuidad de los bloqueos en distintas rutas y ofreció disculpas a la ciudadanía por las afectaciones.

“Es la última conminatoria al Gobierno para que pueda de una vez pacificar el país”, afirmó el ejecutivo del sector, Vicente Salazar, quien aclaró que no se ha solicitado una mesa de diálogo, sino que se han establecido “condiciones para un encuentro”.

De acuerdo con el dirigente, entre las principales exigencias se encuentran la liberación de personas detenidas en el marco de las movilizaciones, el cese de lo que califican como persecución política, el respeto a la indumentaria indígena y a la wiphala, además de la implementación de soluciones estructurales frente a la crisis que atraviesa el país.

Salazar remarcó que la dirigencia no sostendrá ninguna reunión con representantes del Gobierno sin el aval previo de las 20 provincias que integran la federación, subrayando que las decisiones serán asumidas de manera orgánica.

En esa línea, el ejecutivo aseguró que los bloqueos no serán levantados en el corto plazo, debido a que las bases se mantienen firmes en sus demandas. “Queremos pedir a la población una comprensión y solidaridad, porque el pueblo también está pensando en la reivindicación de los pueblos indígenas originarios. Pedimos disculpas a la población también, porque, hermanos, esta pelea es para todo el Estado Plurinacional de Bolivia”, expresó.

Finalmente, el dirigente se dirigió a sectores de la ciudadanía que, según dijo, “no se han dado cuenta” del trasfondo de las protestas, enfatizando que las movilizaciones también buscan garantizar el respeto a los recursos naturales, bajo el argumento de que los pueblos indígenas originarios son los legítimos propietarios de sus territorios.