Casi 50 días después, el diálogo se alarga y los bloqueos siguen

El diálogo entre el Gobierno y la Central Obrera Boliviana (COB) para intentar poner fin a los bloqueos arrancó este miércoles cerca de las 18:00 en instalaciones del Banco Central de Bolivia (BCB), pero una hora después se declaró un cuarto intermedio.

El avance del primer día de negociaciones se tradujo en la conformación de una comisión de representantes del ente matriz de los obreros, el Ministerio de Gobierno y la Fiscalía, que analizará la situación jurídica de cada uno de los detenidos preventivos durante el conflicto para, con sus conclusiones, retomar las negociaciones este jueves.

Entretanto, hasta el cierre de la presente edición, los bloqueos se mantenían en 45 puntos, distribuidos entre cinco departamentos: Potosí, Oruro, Cochabamba, La Paz y Santa Cruz.

“HASTA ACABAR”

Al salir del BCB, el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, anunció la noche de este miércoles que el diálogo se reanudará este jueves, si es posible en la mañana, “hasta acabar con conclusiones”.

La autoridad reveló que, producto del inicio de las negociaciones, se conformó una comisión con los abogados de la COB, el Ministerio de Gobierno y fiscales asignados por el Ministerio Público que analizará la situación jurídica de los detenidos, de forma individual, y con estos resultados se retomará el diálogo.

“Hemos dado inicio a esta jornada de diálogo con la COB. Se ha instalado la mesa de negociación y el primer punto que se ha tocado es el tema de los detenidos. Se ha conformado una comisión de abogados de la COB, del Gobierno y una comisión de fiscales, los cuales están analizando la situación jurídica de cada uno de los detenidos”, precisó.

DIÁLOGO

En medio de un fuerte resguardo policial y después de dos postergaciones, alrededor de las 18:00 representantes del Gobierno y la COB se sentaron frente a frente en ambientes del BCB. Luego de una hora de reunión, tras los discursos del presidente Rodrigo Paz y el secretario ejecutivo del ente de los trabajadores, Mario Argollo, se declaró un cuarto intermedio para que los participantes se trasladaran al piso 21 del Banco Central, donde determinaron la conformación de mesas de trabajo. 

En su discurso inaugural, Paz dijo: “Hay otros que buscan la ruptura de la patria, pero creo que todos los que estamos acá estamos buscando soluciones y el crecimiento de la patria (…)”. El Presidente estaba acompañado de ocho ministros de su gabinete y, tras el cuarto intermedio, se dirigió a la Casa Grande del Pueblo.

En su primera intervención, Argollo reconoció que para su sector la prioridad es la liberación de los detenidos y condicionó cualquier avance en las conversaciones al cumplimiento de esa exigencia.

“Aquí se tiene que entender que si vamos a entrar a un escenario donde tenemos compañeros detenidos, compañeros que están incluso con detención preventiva de hasta seis meses y lamentablemente procesados, lo primordial, lo principal va a ser la liberación de nuestros detenidos; si no, señor Presidente, ante la población y ante nuestras bases, esto va a ser una traición”, advirtió el dirigente. Cerca de las 19:35, Argollo abandonó el lugar de la reunión y confirmó el cuarto intermedio para analizar la situación de los detenidos preventivos por la violencia en los bloqueos.

Señaló que hubo “un buen avance” y admitió que este “es un primer paso que se ha dado para poder pacificar al país”. Además, dejó en claro que “no rompemos pacto con los campesinos”.

El ministro de Desarrollo Productivo, Oscar Mario Justiniano, calificó como un “buen avance” el acercamiento con la COB.

LOZA

El gobernador de Cochabamba,  Leonardo Loza, reiteró este miércoles su pedido de una “pausa humanitaria” a los bloqueos, que se acercan a los 50 días. Sin embargo, la autoridad cercana a Evo Morales aclaró que esto no implica un desbloqueo de carreteras.

Gobierno niega la amnistía que exige la COB

En un intento por destrabar la crisis que asfixia al país desde hace 49 días, el Órgano Ejecutivo respondió formalmente este miércoles al pliego petitorio de la COB. A través de una misiva, el Gobierno nacional descartó la posibilidad de dictar una amnistía general para los detenidos en las recientes movilizaciones, aunque se comprometió a solicitar la revisión individual de las medidas cautelares.

La respuesta gubernamental llegó menos de 24 horas después de que el secretario ejecutivo de la COB, Mario Argollo, enviara una carta “conminatoria” al presidente Rodrigo Paz exigiendo el cese inmediato de lo que calificó como “persecución judicial” y la liberación de los dirigentes arrestados durante las protestas.

“No corresponde una amnistía general ni una liberación automática fuera de los procedimientos legales. La amnistía, en los casos que corresponda, debe tramitarse conforme a la Constitución Política del Estado y con aprobación de la Asamblea Legislativa Plurinacional”, remarcó el Ejecutivo.

Campesinos descartan diálogo

La Federación Departamental de Campesinos de La Paz Tupac Katari negó este miércoles haber iniciado un proceso de diálogo con el Gobierno y, en su lugar, anunció la emisión de una “última conminatoria” para que las autoridades atiendan un pliego de cinco condiciones planteadas por el sector. Entretanto, la organización ratificó la continuidad de los bloqueos en distintas rutas y ofreció disculpas a la ciudadanía por las afectaciones.

“Es la última conminatoria al Gobierno para que pueda de una vez pacificar el país”, afirmó el ejecutivo del sector, Vicente Salazar, quien aclaró que no se ha solicitado una mesa de diálogo, sino que se han establecido “condiciones para un encuentro”.

De acuerdo con el dirigente, entre las principales exigencias se encuentran la liberación de personas detenidas en el marco de las movilizaciones, el cese de lo que califican como persecución política, el respeto a la indumentaria indígena y a la wiphala, además de la implementación de soluciones estructurales frente a la crisis que atraviesa el país. Así, quedó descartada una reunión entre la dirigencia de los campesinos y las autoridades de Gobierno, pese a que existe una invitación del Ejecutivo.

Alarcón cuestiona mediación de Fiscal

El diputado Carlos Alarcón (Unidad) cuestionó la participación del fiscal general del Estado, Roger Mariaca, como garante de la reunión entre el Gobierno y la COB, tal como pidió el ente sindical de los trabajadores. Consideró que la función de la máxima autoridad del Ministerio Público no es mediar en conflictos políticos o sociales, sino hacer cumplir la ley y velar por los derechos de las víctimas de los hechos investigados.

“Los dirigentes que han causado todo este desastre humanitario y económico con este bloqueo criminal no deben quedar en la impunidad, tienen que responder por los delitos y daños causados a las personas, empresas y al Estado”, sostuvo el parlamentario.

La observación surgió luego de que se confirmara la presencia de Mariaca en el diálogo de este miércoles.

Para el analista Gonzalo Chávez, en este punto “se pide impunidad política y jurídica para la decena de ilícitos documentados durante los bloqueos”, desde el ataque a instalaciones públicas hasta agresiones a personas.

Desde el Ministerio Público se conoció que la asistencia del Fiscal General en el proceso de diálogo no compromete negociar las denuncias contra algunos bloqueadores, entre ellos el dirigente Mario Argollo, porque el expediente está registrado en el sistema y el procedimiento debe seguir su curso hasta concluir con una resolución.

Personas foráneas quemaron y saquearon la Subalcaldía del Distrito 8 en El Alto

El Gobierno denunció este miércoles el incendio y saqueo de la Subalcaldía del Distrito 8 de El Alto y señaló que se desplegó un contingente policial para resguardar a la población ante los hechos registrados en esa jurisdicción.

“Sabemos de 60 a 70 personas que no son del barrio, que no pertenecen al Distrito 8 (...) han procedido a tomar la Subalcaldía, a sacar los bienes de la Subalcaldía, a prenderle fuego y aun incendiar esa Subalcaldía”, afirmó el vocero presidencial, José Luis Gálvez.

La autoridad sostuvo que los presuntos responsables serían personas ajenas al sector y aseguró que estos hechos tendrían el objetivo de impedir las iniciativas de diálogo impulsadas para superar el conflicto que atraviesa el país.

En redes sociales también circularon videos que muestran a presuntos funcionarios municipales al interior de las instalaciones solicitando ayuda, mientras varias personas ingresan al edificio buscando a las autoridades de la Subalcaldía. 

Gálvez indicó que el Gobierno recibió cientos de llamadas de auxilio de vecinos del Distrito 8 y afirmó que ya existen personas identificadas, por lo que se realizarán las denuncias y procedimientos correspondientes en el marco de la investigación.

El hecho ocurrió después de que la noche del martes la Subalcaldía del Distrito 8 desplegara maquinaria pesada y personal para retirar piedras, tierra y escombros de las vías bloqueadas, con el objetivo de restablecer el tránsito en la zona.

El subalcalde, Simón Quispe, denunció “han agredido al personal, han sido secuestrado, se han entrado a los ambientes, sacando los papeles para la quema, la toma de la subalcaldía”.