¿Qué no debe negociar el Gobierno en el diálogo? Opinan parlamentarios
El consenso entre los legisladores se centra en que el Gobierno no puede ceder ante demandas que impliquen la impunidad por los delitos cometidos durante los 48 días de bloqueo ni permitir la instauración de un “cogobierno” con las cúpulas sindicales.
Mario Argollo y Rodrigo Paz en el díalogo instalado este miércoles Foto: Composición Correo del Sur Tras el inicio del diálogo entre el gobierno de Rodrigo Paz y los sectores movilizados liderados por la Central Obrera Boliviana (COB), que actualmente se encuentra en cuarto intermedio, parlamentarios de oposición y del oficialismo expresaron sus preocupaciones sobre los alcances de esta negociación.
El consenso entre los legisladores se centra en que el Gobierno no puede ceder ante demandas que impliquen la impunidad por los delitos cometidos durante los 48 días de bloqueo ni permitir la instauración de un “cogobierno” con las cúpulas sindicales.
Para el diputado de Unidad, Carlos Alarcón, las demandas de la COB y del sector de los Tupac Katari no representan un pliego de reivindicaciones sociales, sino un intento de “capitulación” del Gobierno central. Según Alarcón, atender estos pedidos significaría una rendición incondicional del poder ganado en las urnas frente a grupos violentos que han “destruido la economía del país”.
El legislador alertó que la COB pretende que cualquier ley o decreto futuro sea consultado y decidido por ellos, lo que califica como una “dictadura sindical”. “Bolivia termina arrodillada a los violentos, estos grupos son los que van a imponer lo que les venga en gana”, sentenció Alarcón, advirtiendo que, de ceder, el presidente Paz quedaría invalidado para aplicar las reformas estructurales que el país requiere con urgencia.
Justicia e impunidad
Uno de los puntos más críticos señalados por ambos parlamentarios es la demanda de impunidad. El diputado Marcelo Solís, de Libre, señaló que Rodrigo Paz no debe negociar los ilícitos penales ocurridos durante los bloqueos, que dejaron un saldo de víctimas fatales y cuantiosos daños económicos.
Solís, quien preside la Comisión de Derechos Humanos, afirmó que los delitos de destrucción de bienes del Estado y otros actos delincuenciales están tipificados en el Código Penal y deben ser investigados por el Ministerio Público. “Entrar a negociar el indulto por todos los delitos ocasionados va en contra... la población lo está criticando”, afirmó Solís, asegurando que él mismo no retirará las querellas criminales presentadas contra dirigentes campesinos por vulnerar derechos fundamentales.
Por su parte, Alarcón denunció que se pretende crear una “comisión de la impunidad” con el aval del fiscal general, estableciendo un sistema penal paralelo que abandonaría a millones de víctimas de los bloqueos.
El fantasma del “cogobierno”
Ambos diputados coincidieron en que el “cogobierno” o “coteo de espacios” es una línea roja que no debe cruzarse. Solís criticó que la administración de Paz haya gobernado anteriormente “con decretos y caprichos” sin socializar las leyes con la Asamblea Legislativa y el resto de la sociedad.
No obstante, aclaró que “socializar”" no significa negociar exclusivamente con un sector minoritario como la COB, sino abrir mesas técnicas con toda la población para construir leyes participativas. Solís advirtió que, si el diálogo fracasa frente a acciones sediciosas, el Gobierno tiene la obligación de usar los instrumentos constitucionales para preservar la democracia frente a grupos que buscan el caos.
