Conoce las medidas del Decreto de Estado de Excepción que regirá en todo el país por 90 días
La disposición emitida por el presidente Rodrigo Paz establece restricciones a la circulación y reuniones, además de reforzar la seguridad con apoyo de las Fuerzas Armadas
Paz decretó Estado de Excepción la madrugada de este sábado. Foto: Captura de video La madrugada de este sábado, el presidente del Estado, Rodrigo Paz, promulgó el Decreto Supremo N° 5636 que declara Estado de Excepción por conmoción interna en todo el territorio nacional, con una vigencia de 90 días, como respuesta a la crisis generada por bloqueos prolongados, hechos de violencia y afectación a servicios esenciales.
La norma establece que las Fuerzas Armadas coadyuvarán a la Policía Boliviana en tareas de control y restablecimiento del orden público, incluyendo la protección de infraestructura crítica, resguardo de instalaciones públicas, seguridad de rutas estratégicas y garantía del abastecimiento de alimentos, combustibles y medicamentos.
Entre las principales determinaciones, se dispone la restricción temporal de derechos como la libre circulación, locomoción y reunión, lo que permitirá aplicar medidas como la inmovilización obligatoria de personas, limitación del tránsito vehicular y prohibición de concentraciones masivas sin autorización del Gobierno.
Asimismo, se prohíben los bloqueos de carreteras en cualquier nivel, el porte de armas, explosivos o elementos que generen riesgo, y la interrupción del transporte de bienes esenciales. También se contempla la suspensión de actividades económicas nocturnas y la posible restricción en la atención de servicios financieros en zonas de intervención.
El decreto instruye a la población abstenerse de promover actos de violencia, impedir la distribución de productos básicos o dañar infraestructura estratégica, bajo advertencia de arrestos de hasta ocho horas para quienes incumplan las disposiciones.
Pese a las restricciones, el Gobierno aclaró que no se suspenden derechos fundamentales ni garantías constitucionales como el debido proceso, el acceso a la información o los derechos de las personas privadas de libertad.
Finalmente, la norma será remitida a la Asamblea Legislativa Plurinacional para su evaluación, mientras los ministerios de Gobierno y Defensa definirán la aplicación progresiva y territorial de las medidas en función de la evolución del conflicto.
