“Utilizar la fuerza desde el primer día le habría hecho un favor al narcoterrorismo”, asegura Paz
El mandatario justificó la demora en la medida drástica señalando que priorizó el diálogo para separar las demandas legítimas de una “infiltración política del pasado” que busca un golpe de Estado.
Rodrigo Paz Foto: Redes Sociales Tras más de 50 días de parálisis, pérdidas económicas y una creciente tensión social, el presidente decidió anunciar la declaratoria del Estado de excepción en todo el territorio nacional.
Durante su discurso, el mandatario defendió la prudencia de su administración frente a las críticas por no haber actuado con premura, lanzando una dura advertencia contra los sectores radicales que aún mantienen las medidas de presión
“Si hubiéramos actuado desde el primer día utilizando mecanismos de fuerza extraordinarios del Estado, le hubiéramos hecho un enorme favor a los infiltrados del narcoterrorismo”, precisó.
El jefe de Estado explicó que la resistencia inicial a utilizar la fuerza pública se debió a la necesidad de atender reclamos legítimos de sectores campesinos, transportistas y gremiales. Según la autoridad, responder con violencia de entrada habría significado tratar por igual a los ciudadanos con demandas genuinas y a aquellos que operan desde la región del Chapare con recursos ilícitos.
“No estaba dispuesto a cometer el mismo error del pasado. No estaba dispuesto a responder con fuerza a ciudadanos que tenían derecho a ser escuchados legítimamente”, manifestó Paz, asegurando que tras 50 días de mesas de negociación se alcanzaron acuerdos con la inmensa mayoría de los sectores movilizados.
Sin embargo, el mandatario denunció que, a medida que los sectores genuinos levantaban las medidas, quedó en evidencia una estructura política organizada que busca la desestabilización democrática.
“Lo que hoy enfrenta Bolivia ya no es una protesta social. Es un intento de golpe de estado desde el narcoterrorismo”, sentenció.
“Para devolver la libertad"
El presidente señaló que la medida constitucional no se implementa para restringir los derechos de la ciudadanía ni para proteger a su Gobierno, sino para liberar a la población del desabastecimiento de alimentos, combustible y medicamentos que ha golpeado con fuerza a las familias bolivianas, afectando especialmente a más de 250.000 trabajadores en La Paz y El Alto.
