Sánchez Berzaín: “Voy a retornar a Bolivia cuando vuelva a ser una república”

Carlos Sánchez Berzaín, exministro de Defensa de Gonzalo Sánchez de Lozada exiliado desde hace casi 23 años, anunció su intención de retornar a Bolivia únicamente cuando el país vuelva a constituirse bajo un sistema republicano.

Esta declaración surge tras un reciente fallo de la Sala Constitucional del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, el cual anuló los mandamientos de aprehensión y la persecución judicial en su contra mediante una acción de libertad.

Sánchez Berzaín, quien formó parte del gobierno derrocado en octubre de 2003, caracterizó esta decisión jurídica como un quiebre contra lo que denomina un proceso de persecución política que se ha extendido por más de dos décadas.

Por medio de Correo Play, el exministro advirtió que si el Tribunal Constitucional Plurinacional decide revocar esta resolución, acudirá a la Comisión y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para demandar internacionalmente al Estado boliviano.

Bolivia en 2003 y 2026

El exministro también aprovechó la oportunidad para contrastar la situación socioeconómica de la Bolivia de 2003 con la crisis multidimensional que atraviesa el país hoy en día. Recordó que antes de la caída de Gonzalo Sánchez de Lozada, Bolivia era la principal potencia gasífera de la región, contaba con sólidas reservas de oro y divisas, y tenía una tasa de pobreza cercana al 20%.

En contraste, lamentó que la pobreza actual alcance el 62% y que la nación sufra por la escasez de dólares, diésel, gasolina y la inminente necesidad de importar gas. Responsabilizó de este declive a la “agenda de octubre” impulsada por quienes perpetraron lo que describe como el golpe de Estado en 2003, acusando además a las gestiones de Carlos Mesa y Evo Morales de despilfarrar las riquezas del gas y de consumir los fondos privados de jubilación de los trabajadores mediante la gestora pública estatal.

Sánchez Berzaín aclaró que su labor actual no busca fines partidistas, sino el rescate de la República, la libertad y la estabilidad económica del país. Aseguró que la anulación del juicio abre una oportunidad para realizar una “investigación integral” de los hechos de septiembre y octubre de 2003, que hasta ahora solo fueron contados desde la narrativa de quienes tomaron el poder.