Presentan reforma constitucional que busca prohibir nacionalizaciones y habilitar arbitraje internacional
El proyecto impulsado por Carlos Alarcón y Diego Ávila plantea cambios estructurales a la CPE, desconstitucionalización de artículos clave y un proceso de aprobación en tres fases
El documento está firmado por Alarcón y Ávila. El diputado Carlos Alarcón, de la alianza Unidad, junto al presidente del Senado, Diego Ávila (PDC), presentó ante la Cámara Alta un proyecto de Ley de Reforma Parcial de la Constitución Política del Estado que introduce modificaciones sustanciales en el régimen de inversiones, propiedad estatal y resolución de controversias internacionales.
La propuesta plantea la incorporación de un nuevo artículo 412 a la Carta Magna, compuesto por dos parágrafos. El primero establece la prohibición expresa de “todo tipo de expropiación, nacionalización, estatización y/o reversión de inversiones nacionales y extranjeras”, lo que implicaría un cambio profundo en el modelo económico vigente.
En un segundo parágrafo, el proyecto abre la posibilidad de que las controversias entre el Estado y los inversionistas puedan resolverse mediante mecanismos amistosos, la jurisdicción estatal boliviana o instancias de arbitraje nacional e internacional, incorporando así esquemas de resolución alternativos a los tribunales tradicionales.
Además, la iniciativa propone la desconstitucionalización de 30 artículos de la Constitución vinculados a áreas sensibles como la elección de autoridades judiciales por voto popular, el régimen de inversiones y la administración de recursos naturales. Estos contenidos pasarían a ser regulados por ley ordinaria en un plazo de un año.
Entre los artículos que se plantea retirar del texto constitucional figuran disposiciones relacionadas con el sistema judicial, la estructura del Estado y la política económica, incluyendo los numerados 182, 183, 185, 187, 188, 194, 198, 199, 200, 201, 203, 227, 228, 310, 319, 320, 351, 352, 355, 356, 357, 358, 359, 361, 362, 363, 367, 370, 373 y 378.
Asimismo, la propuesta contempla la derogación de tres disposiciones constitucionales: la que tipifica como traición a la patria la vulneración del régimen de recursos naturales, la que obliga a las inversiones extranjeras a sujetarse exclusivamente a la normativa boliviana, y la que prohíbe el arbitraje internacional en conflictos vinculados al Estado.
El documento establece finalmente un procedimiento de reforma en tres etapas: una primera fase de tratamiento separado en Diputados y Senadores; una segunda de aprobación en la Asamblea Legislativa Plurinacional con dos tercios de votos; y una tercera que somete la modificación a referendo nacional, como última instancia de validación ciudadana.
