Legislación cultural en Bolivia, mucho por hacer aún

Desde Italia, René Antezana no deja de preocuparse por la legislación boliviana dirigida al campo del arte y la cultura. Aquí habla sobre las leyes municipales de cultura de La Paz y Sucre, como dos ejemplos positivos en este camino tan pedregoso, en contraposición a la polémica y apresurada Ley del Artista. 

Este año en curso, el Concejo Municipal de Sucre y el Alcalde aprobaron y emitieron la Ley 136/19, correspondiente a la Ley Municipal de Culturas, un acontecimiento de enorme importancia para Sucre y para el país, al ser el segundo municipio de Bolivia (La Paz lo hizo el 11 de diciembre de 2017) en aprobar este instrumento fundamental para promover los procesos culturales de su territorio, así como garantizar los derechos culturales de sus habitantes. Este logro de Sucre es parte de un largo proceso de construcción desde la sociedad civil. Lamentablemente ha opacado esto el debate y reacciones surgidas tras la polémica Ley del Artista, que ha generado una confusión en ciertos sectores que no alcanzan a comprender de qué se trata una o la otra, si se están enredando o son simplemente argumentos para confundir y sacar provecho en una época electoral. Vayamos por partes.

Las leyes de culturas, tanto de La Paz como la de Sucre, son el resultado de una larga caminata de la sociedad civil que viene de muchísimos años atrás con movimientos culturales y de sectores del arte especialmente desde los 90 y década del 2000. Posteriomente, entre 2013 y 2016 fue la Red TELARTES que impulsa el debate y propuesta de la necesidad de una Ley de Culturas con el entonces Ministro Pablo Groux inicialmente, pasando por Machicao y terminando en Alanoca con resultados frustrantes que obligaron a esta red a abandonar todo diálogo con el Ministerio. Sin embargo, tanto esfuerzo colectivo no fue en vano: la aprobación de un Anteproyecto de  la Ley de Culturas en 2015 en el I Congreso de Culturas en Movimiento en Sucre sentó las bases de un documento que expresaba el sentir de artistas, gestores, organizaciones, colectivos e instituciones; el mismo se convierte  en un instrumento de referencia,  lucha y trabajo que contribuye al proceso de construcción de la Ley de Culturas de La Paz primero, y posteriormente, la Ley Municipal de Culturas de Sucre. 

Posteriormente, en 2016, en el II Congreso de Culturas en Movimiento, además de diseñarse las bases de Plan Nacional, se definen  un conjunto de denominados “Irrenunciables” para toda legislación cultural que define, en entre otros:  la necesidad de garantizar los derechos culturales, la gestión cultural participativa, al menos el 1% de los presupuestos nacionales y subnacionales, la protección de los derechos sociales de los creadores y artistas, el reconocimiento de saberes artísticos y la promoción de procesos educativos en artes y culturas para la población, etc. Y algo muy importante: mecanismos que respeten una cogestión transparente e institucionalizada de la cultura (algo que no gusta a quienes desde el Estado desean tener el control de los procesos creativos y de las culturas en general). 

En síntesis: lo que se trabajó durante 5 años fue/es un referente de Ley Marco de Culturas que posteriormente pudo adecuarse a niveles subnacionales, según la realidad de cada región o municipio. Una ley de este tipo es como la casa donde todos estamos protegidos y compartimos espacios, de manera múltiple o entre pares. La idea era que una vez aprobada esta ley, bajo su manto, pudieran encaminarse todas las demás leyes subnacionales y otras más específicas como la Ley del Cine, la del Artista, la de Espacios Culturales y otras. Incluso algunas que tengan que ver con Fondos Nacionales u otros. Pero no se está siguiendo esta lógica.

El gran logro de Sucre y La Paz ha sido recoger lo trabajado por la sociedad civil en todo el país, dialogando con la sociedad civil local, adecuando a su realidad, y manteniendo en gran medida los principios establecidos en los “Irrenunciables”. Los cuales requieren aún un proceso de mayor comprensión, así como la necesidad de contar con organizaciones y/o movimientos culturales más fuertes, mejor organizados, más horizontales, con visión de corto, mediano y largo plazo, capaces de involucrarse en procesos de transformación desde la base, integrando territorios urbanos y rurales, con habilidades para dialogar y construir procesos de cogestión con sus municipios. 

Entonces, ¿dónde entra aquí la Ley del Artista?

El ejercicio (o no) de los derechos de creadores y artistas tiene una larguísima data; sin embargo, en ningún gobierno (incluido el actual) ha sido abordado seriamente. La legislación referida a los artistas tiene que ver con lo que la UNESCO denomina “la condición del artista”; que son un conjunto de derechos sociales, económicos y culturales (para la cual hay también documentos y convenciones multilaterales en los cuales Bolivia es firmante). Por ello, la Ley del Artista abarca sólo un ámbito específico (de derechos) respecto del conjunto de procesos creativos/culturales del país. Confundirla con la propuesta de Ley Marco de Culturas es no diferenciar el árbol del bosque. 

Se han elaborado varios documentos de Ley del Artista (no se sabe cuál es la versión final), los cuales (lo de siempre) al pasar por el Ministerio y otras instancias, han sido manipulados tanto por el Gobierno como por intereses sectoriales reduciendo la Ley del Artista a un conjunto de enunciados que generan desconfianza, siendo algunos de ellos inadmisibles para el sector artístico.

En cambio, el Anteproyecto de la Ley aprobada en Sucre (2015) y las leyes Municipales de Sucre (2019) y La Paz (2017) son un camino cierto de esperanza que exige una sociedad civil bien organizada con liderazgos sanos, transparentes y comprometidos. Mucho depende de nosotros mismos para evitar manipulación interesada, venga de donde venga. El camino no ha sido fácil hasta acá, no lo será en adelante pues es un largo proceso de aprendizaje no ejercido hasta ahora. Sumar un poco de organización a la indignación no nos vendría mal. Las leyes municipales de Sucre y La Paz no tienen autores individuales, son resultado del trabajo colectivo mencionado, ante el cual las autoridades de turno cumplieron con su deber: escuchar la voz de los actores y sujetos principales del arte y la cultura en el país.

En síntesis: la Ley Marco de Culturas (no debatida, y menos aprobada hasta ahora) y las leyes municipales de culturas, son leyes ESTRUCTURALES que abarcan los procesos artísticos y culturales. La Ley del Artista trata específicamente sobre “la condición del artista” y debiera aprobarse posteriormente a la Ley Marco, porque cuando se construye una casa, no se comienza por las habitaciones.