El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) dio luz verde a tres requerimientos acusatorios de la Fiscalía General y pidió a la Asamblea Legislativa Plurinacional la autorización de juicio de responsabilidades contra el ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada investigado por la supuesta comisión de delitos en los procesos de privatización y capitalización de ENFE, FOCAS y FONDESIF, entre 1989 y 2000.

Los magistrados del TSJ, en el marco de la ley 044 de juicio de responsabilidades, firmaron tres autos supremos que fueron remitidos ayer a la Asamblea Legislativa para que se pronuncie sobre el pedido de autorización de juicio al ex presidente Sánchez de Lozada y que el Ministerio Público inicie el proceso penal.

El decano del alto tribunal de justicia del país, Rómulo Calle, informó que la Sala Penal envió un informe dando vía libre a los requerimientos acusatorios del Ministerio Público, y la Sala Plena, sin disidencias, aprobó los proyectos de acusación y espera una respuesta oportuna del Legislativo.

“Esperamos que esto prospere y haya celeridad (en el Legislativo) en el marco de su reglamento y los plazos correspondientes”, aseguró Calle, quien señaló que este sería el primer requerimiento de juicio de responsabilidades de los magistrados electos por voto popular.

El requerimiento acusatorio tiene base en los delitos de incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica, referidos a los casos FOCAS (Formación de Capital en Áreas Secundarias), ENFE (Empresa Nacional de Ferrocarriles) y Fondo de Desarrollo del Sistema Financiero y de Apoyo al Sector Productivo (FONDESIF) que fueron investigados por una comisión del Legislativo durante la pasada gestión.

Además de Sánchez de Lozada, los tres requerimientos acusatorios involucran al ex ministro Carlos Sánchez Berzaín, Samuel Doria Medina y unas 25 personas entre ministros de Estado, ex presidentes y ex directores de Bancos, ex superintendentes, ex presidentes de ENFE y otros funcionarios.