La unidad de Transparencia del Consejo de la Magistratura impulsa más de 156 procesos penales contra vocales, jueces, servidores de apoyo jurisdiccional y administrativos en todo el país que están en investigación en el Ministerio Público y la mayoría continúa sin resoluciones conclusivas, informó la jefa de esta unidad con sede en Sucre, Jenny Ibáñez.

Según los datos de la gestión 2014, hay al menos 70 funcionarios, entre vocales y jueces, denunciados por delitos de prevaricato, resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes en los cuales el Consejo de la Magistratura es parte denunciante o querellante; hay más sindicados en los distritos de Santa Cruz y Beni.
Ibáñez dijo que en todo el país hacen seguimiento a 122 procesos en los que están involucrados 156 funcionarios, entre vocales, jueces, servidores de apoyo jurisdiccional y administrativos en los nueve distritos judiciales del país.

La funcionaria aseguró que durante la gestión 2014, esta institución recibió 2.667 denuncias contra funcionarios del Órgano Judicial, de ellas, 1.459 corresponden a La Paz, 439 a Santa Cruz y 244 a Cochabamba.

De esta cantidad, 45 fueron remitidos al Ministerio Público y otras 33 ante la autoridad sumariante que investiga los casos en la vía administrativa. En cambio hay más de 459 denuncias remitidas a los juzgados disciplinarios. El resto fue rechazado por tratarse de denuncias relacionadas con aspectos jurisdiccionales o personales.

Ibáñez explicó que la unidad de Transparencia, una vez recibida la denuncia, la procesa y si hay indicios de responsabilidad penal la deriva al Ministerio Público, pero si hay la comisión de faltas disciplinarias las remite al juez disciplinario. Al día, la unidad de Transparencia recibe entre cuatro a cinco denuncias.

La funcionaria dijo que también recibieron denuncias contra consejeros, magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y del Agroambiental, pero por ley están limitados a procesarlas y por eso las remiten a la Asamblea Legislativa Plurinacional para su investigación.

Con estos datos, el vicepresidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda (MAS), señaló que hay denuncias contra jueces y vocales que no se esclarecieron desde 2010 en los distritos de La Paz, Santa Cruz y Chuquisaca.