Los supuestos sobornos en el caso del peruano Martín Belaunde salpican a otros altos funcionarios de Estado y de la justicia, tras la confesión del abogado Jorge Valda, quien denunció estas irregularidades que le costaron su libertad y frenaron la posibilidad de acogerse a un juicio abreviado luego de haber admitido ciertos delitos en su declaración. En La Paz, el fiscal Departamental anunció una investigación a todas las personas mencionadas.

En su declaración, Valda involucra al magistrado del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) Pastor Mamani; al viceministro de Justicia, Diego Jiménez; su predecesor, Gabriel Machicao; la funcionaria del Ministerio de Gobierno, Elba Terceros; y el ex ministro de Gobierno, Hugo Moldiz. A ellos se suman los ya procesados vocales del Tribunal de Justicia de La Paz, Ramiro López y Ricardo Chumacero.

El abogado del peruano mencionó que un supuesto asesor del magistrado del TSJ, Pastor Mamani visitó a Belaunde en su casa para ofrecer “que él lo podría mantener al tanto de todo lo acontecido en Sucre y se comprometía que Mamani haría un proyecto negativo, o denegando la solicitud de detención preventiva”, para ello, pidió $us 40.000.

En su testimonio, Valda mencionó también a Elba Terceros, representante del Ministerio de Gobierno en el Consejo Nacional del Refugiado (CONARE). Según su relato, él se contactó con el abogado Ricardo Salazar, quien le dijo “la Dra. Terceros podría dar su voto a favor a cambio de la suma $us 50.000”.

De acuerdo al documento, Valda entregó $us 50.000 a Salazar entre febrero y marzo.

El abogado también dijo que acudió al jurista “Fito” Luna Orozco, cuyo nombre de pila no recuerda. Este colega suyo le dijo que se contactó con el entonces viceministro Gabriel Machicao, quien le había pedido $us 100.000 por su voto en la CONARE. Consiguió 50.000 y se los entregó en su oficina del edificio Mariscal Ballivián, dice el texto que propuso a la Fiscalía.

Machicao fue reemplazado en el Viceministerio por Diego Jiménez. Valda narró que el mismo Belaunde se reunió con la nueva autoridad y le había entregado $us 50.000.

Por su parte, el abogado de Valda, Alberto Morales, mencionó el nombre del ex ministro Hugo Moldiz, quien renunció a su cargo tras la fuga de Belaunde.

Morales aseveró que Rodrigo Quispe y Peter Nava fueron a visitar a Belaunde pidiendo $us 500 mil “a nombre del ministro Moldiz, garantizándole que lo sacaban, que Nava era de confianza para el Estado y responsable de Inteligencia, y que durante 24 horas iban a desactivar todos los mecanismos policiales para que él salga del país".

Respecto a los vocales Ricardo Chumacero y Ricardo López que también fueron capturados, Valda aseguró, en su confesión, que López requirió un soborno de $us 100 mil. “Dijo que había hablado con Ricardo Chumacero con quien habían acordado pedir ese monto porque el riesgo era alto”, añadió.

El presidente del CONARE, César Siles, y el viceministro Jiménez negaron las acusaciones en una conferencia de prensa. Argumentaron que no favorecieron al peruano porque decidieron de manera unánime negar el refugio solicitado. Jiménez anunció ayer que pedirá al Ministerio Público la investigación de todo el consorcio de abogados de Valda.

El Fiscal Departamental de La Paz, Paul Franco, señaló que se investigará a todas las personas mencionadas en las declaraciones de Jorge Valda.

"Ya no solamente se investiga la evasión de Belaunde ni el favorecimiento de evasión en la que hubiesen incurrido algunos de los procesados, sino se está investigando un cohecho activo por ende un cohecho pasivo y es en esa medida que se va investigar a todas las personas que se han mencionado", indicó Franco al medio televisivo Cadena A.

Hubo dinero para concretar la fuga

Jorge Valda no reconoció haber participado en la coordinación de la fuga de Belaunde, pero asumió que se estaba pagando dinero para hacerlo.
Narró que en Santa Cruz conoció a Rodrigo Quispe, quien luego fue detenido como nexo de la fuga de Belaunde y sentenciado a tres años de cárcel, éste lo presentó con George Peter Nava, quien estuvo acusado de un atentado en 2008 contra Unitel en Yacuiba.

“Ofrecieron (Quispe y Nava) sacarlo (a Belaunde) del país a cambio de la suma de $us 100.000 que debía realizarse en dos pagos”, según Valda.

El jurista sostuvo que no aceptó y le recomendó al peruano tampoco hacerlo, pero que Quispe y Nava se contactaron con su colega en Santa Cruz Freddy Vidovick, quien también ya está capturado y sentenciado.

Valda mencionó que en la madrugada del día 23 de mayo, un día antes de la fuga de Belaunde, entregó $us 25.000 a su asistente para que se los entregara a Vidovick, como lo pidió Belaunde.