La Defensoría del Pueblo registró un total de 2.557 casos por vulneración de los derechos a la integridad en 2014, según un reporte institucional. Dentro de las quejas figuran los delitos de tortura y tratos degradantes e inhumanos.
“Esta cifra es la más alta de la gestión y supera en más del 100 por ciento a la reportada en 2013 que, alcanzó a 1.222 casos.
De los 2.557 casos, 1.142 afectan a mujeres y 601 a niñas, niños o adolescentes, constituyéndose este derecho, en uno de los cuatro más vulnerados en la gestión”, aseveró Rolando Villena.
Según la autoridad, los tratos crueles, degradantes e inhumanos, son formas habituales y sistemáticas de conducta profundamente enraizadas en la cultura de algunas instituciones bolivianas, sobre todo aquellas que dependen del Estado.
“Su naturaleza perversa y destructiva se puede también evidenciar en la cotidianidad de las personas, especialmente en aquellas víctimas de la violencia feminicida o del abuso sexual y físico, particularmente las mujeres, niñas, niños y adolescentes”, explicó.
Villena recordó que Bolivia ratificó hace más de 15 años la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; prácticas prohibidas por Constitución Política del Estado (CPE) y sancionadas en el Código Penal. Recientemente el Gobierno creo el Servicio para la Prevención de la Tortura.
“Hasta la fecha no se ha incluido una Ley expresa en nuestro ordenamiento jurídico, lo que permite que los casos sean tipificados con otras figuras jurídicas, promoviéndose la impunidad y la naturalización de la tortura”, manifestó.
Indicó que otros casos de tratos crueles e inhumanos se conocieron más de 90 linchamientos en 2014, algunos de ellos concluidos con muerte o daños irreparables, donde se ejercieron tratos inhumanos y evidentes torturas por parte de grupos de vecinos en contra de presuntos delincuentes detenidos in fraganti.
