Clanes estarían apropiándose de bienes de adultos mayores
Es el caso de una mujer de 94 años cuyo hijo falleció, sus tres inmuebles están en litigio
LITIGIO. Uno de los inmuebles en la calle Junín que fue inscrito con el nombre de otro propietario Una mujer de 94 años con un patrimonio de casi $us 2 millones en inmuebles vive abandonada en un hospicio de la capital y a punto de perder sus bienes debido a que supuestos clanes familiares se apropiaron de los mismos con documentos fraguados de transferencia y firmas falsas; la justicia no le pone freno, los fallos de primera instancia que favorecen a la víctima son anulados en revisión.
Según la documentación a la que accedió este diario, hay tres inmuebles en juego en este pleito judicial, en las calles Junín 438, Aniceto Arce 288 y en la Junín 1043 (al lado de Tránsito), los mismos que ya estarían a nombre de los supuestos compradores, familia Soruco, sin que exista un documento de compraventa tal como se demostró en los procesos.
Para apropiarse de los inmuebles hicieron aparecer documentación de supuesto reconocimiento de deuda con estas familias, por parte del propietario Mauro Gutiérrez (72) que falleció hace un año. Aparecieron supuestas minutas de transferencia con firmas fraguadas que el propietario conoció al final de la demanda de cumplimiento de contrato, desocupación y entrega del inmueble y pago de daños y perjuicios, jamás fue notificado para a sumir defensa y lo siguieron en rebeldía.
Los supuestos compradores también se hicieron pasar como amigos íntimos del propietario, y su madre de 94 años, convencieron al hijo para firmar algunos documentos arguyendo que supuestamente serían transferidos a terceros.
Con estos documentos falsos, los supuestos compradores iniciaron un proceso de reconocimiento de firmas y rúbricas contra el propietario, dicen que lo buscaron para notificarlo en su domicilio y como no lo encontraron, procedieron al reconocimiento de firmas en rebeldía.
Después hicieron protocolizar el documento con el pago de impuestos a la transferencia falsificados, a la fecha no existen los formularios de dichos pagos en la Alcaldía y tampoco la certificación de recepción del cajero de la Cooperativa San Roque donde supuestamente se canceló el impuesto.
En uno de los documentos de sentencia se señala que el propietario de origen Mauro Gutiérrez había transferido el bien inmueble de la calle Junín 1033 a los supuestos compradores quienes iniciaron procesos al vendedor para el reconocimiento de firmas, de forma voluntaria, del documento de transferencia que acredite su derecho propietario sobre el inmueble y ante su incomparecencia, el juez dio por reconocida sus firmas.
Una vez reconocida la firma en rebeldía, la "familia compradora" procedió a la protocolización de la minuta ante la Notaria de Fe Pública Nº 9 y con eso procedió a inscribir su derecho propietario en Derechos Reales en 2009.
Como el propietario, Mauro Gutiérrez (+) no reconoció la venta y menos la firma estampada al supuesto comprador Dionicio Mamani en mayo de 2004, se negó a entregar el inmueble y los supuestos compradores iniciaron demandas para consolidar su derecho de propiedad que hasta ahora sigue en litigio.
En el caso del inmueble de la calle Junín 1033, la sentencia de una jueza de la Capital estableció que no se demostró ningún contrato de compraventa, aunque sí un préstamo, por lo que no se habría consolidado la supuesta venta. El fallo recién salió en febrero de este año y es sujeto de apelación.
El caso se investiga en la vía penal
Este caso llego también a la vía penal, la sobrina de los propietarios Gutiérrez Daza, Hortencia Daza, se apersonó como querellante contra la familia que pretende apropiarse de los inmuebles de sus parientes, a quienes sindicó de la comisión de falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado y legitimación de ganancias ilícitas.
En la demanda hace referencia a todo el proceso supuestamente irregular de la compraventa de dichos inmuebles a favor de los compradores.
La demanda pena inicialmente fue rechazada por un fiscal que no encontró indicios de responsabilidad en los denunciados; sin embargo, esta resolución fue revocada por el fiscal Departamental, Roberto Ramírez que ordenó la continuación de la investigación y que el fiscal asignado al caso complemente todas las diligencias solicitadas.
