Arrestan a funcionaria y Consejo niega presiones

El Ministerio Público aprehendió a la funcionaria del Consejo de la Magistratura investigada por presuntos hechos de corrupción y acusada de haber presionado a un juez para favorecer a un imputado; mientras consejeros y funcionarios rechazaron ayer enfáticamente que sus funcionarios llamaran por teléfono a la jueza Ximena Mendizábal para influenciar en el caso de otra ex funcionaria, tal como aseveró la jueza ante el Ministerio Público.

Tras revelarse las presuntas llamadas de parte de funcionarios del Consejo de la Magistratura a dos jueces de la Capital para supuestamente influenciar en determinados casos, las personas afectadas negaron tal situación y demandaron al Ministerio Público identificar a la persona o funcionario de esta institución que estaría utilizando el nombre de los consejeros para supuestamente presionar a los jueces.

La secretaria de la consejera Cristina Mamani, Carola G., dijo ayer que se apersonó a la Fiscalía para conocer la declaración de la jueza Tercero de Instrucción en lo Penal, Ximena Mendizábal, y rechazó haberla llamado para favorecer a la imputada Amparo T.

Por su parte, Febe R. lamentó que la involucraran en este asunto porque ella jamás llamó a la jueza Mendizábal a quien no conoce y menos lo haría utilizando el nombre de una autoridad, como asevera la juzgadora ante el Ministerio Público. “No tengo nada que ver, mi persona nunca llamó para favorecer a la persona involucrada en este hecho”, señaló.

La funcionaria envió una carta a este diario mostrando su sorpresa porque se publicó su nombre, pero sólo las iniciales de la funcionaria sindicada por la supuesta comisión de un delito.

A su turno la consejera Cristina Mamani pidió al Ministerio Público dar con la persona o funcionario de la institución que se está haciendo pasar como asistente utilizando el nombre de los consejeros. “Jamás mi autoridad ha llamado a ningún vocal a ningún juez para ejercer uso indebido de influencias o para que favorezcan o perjudiquen a otros”, aseguró.

Mamani confirmó que en las declaraciones de la jueza Mendizábal aparecen otros nombres como el de Norma O., que habría llamado a nombre de su colega Roger Triveño.

Asimismo, funcionarios de Relaciones Internacionales del Consejo de la Magistratura, a nombre de la consejera Willma Mamani, aseguran que la autoridad que se encuentra en La Paz en ningún momento recibió una llamada telefónica de este diario, empero, el periodista sí llamó a su número telefónico que se encontraba apagado.

En la misma nota, Mamani niega tener un funcionario de nombre Juan Carlos tal como se publicó por las declaraciones de la jueza Mendizábal.

Aprehenden a funcionaria del Consejo de la Magistratura

La funcionaria denunciada por la supuesta comisión de los delitos de uso indebido de influencias y obstrucción a la justicia fue aprehendida en la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) y hoy, a las 9:00 será la audiencia cautelar, informó ayer el fiscal Departamental de Chuquisaca, Roberto Ramírez. Desde el Consejo se conoció que la funcionaria Norma O. fue cesada del cargo tras las denuncias en su contra.

En este caso, el juez de Instrucción Quinto en lo Penal, Roberto Valdivieso, ratificó ayer que recibió llamadas telefónicas y mensajes de personas identificadas como funcionarios del Consejo de la Magistratura con la intención de influenciar negativamente en su persona en una audiencia cautelar en contra de los imputados del caso de la Federación Boliviana de Fútbol.

“En momentos cuando iba a iniciar la audiencia (cautelar) me indicaron que querían plantear una denuncia contra mí y cuando estaba emitiendo la resolución me llegaron mensajes y llamadas telefónicas haciéndome conocer que no tenían ninguna denuncia en mi contra, considero que buscaban socavar mi independencia”, aseguró Valdivieso.

Señaló que al parecer querían intimidarlo pero como manda la ley, ante cualquier injerencia, sea interna o externa, era su deber comunicar al Presidente del Tribunal Departamental de Justicia quien derivó la nota al Ministerio Público que ahora sigue un proceso penal.