Encarcelan a funcionaria que presionó a un juez
En la audiencia, la Fiscalía mostró la probable autoría y riesgo de obstaculización
PROCESO. La audiencia se realizó en el Juzgado Cuarto de Instrucción en lo Penal de Sucre. Enviaron a la cárcel con detención preventiva a una funcionaria del Consejo de la Magistratura que habría amenazado al juez cautelar de la Capital Roberto Valdivieso para que no envíe a prisión al entonces presidente de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) Carlos Chávez y al secretario ejecutivo, Alberto Lozada, imputados en supuesta organización criminal. Además de ser detenida, la funcionaria fue destituida de la institución del Órgano Judicial.
En dos días, el Ministerio Público logró enviar a la cárcel a esta funcionaria que ocupó cargos importantes en el Ministerio Público siendo Coordinadora Nacional Anticorrupción de la Fiscalía General durante la gestión del abogado Mario Uribe, fiscal de Materia y desde hace algunos meses supuestamente asesoraba al decano del Consejo de la Magistratura, Roger Triveño.
El fiscal Departamental de Chuquisaca, Roberto Ramírez, informó que la imputada con las iniciales N.O. ejerció presiones sobre el juez Quinto de Instrucción en lo Penal, Roberto Valdivieso, antes, durante y después de la audiencia cautelar en la que se definió la situación jurídica de Chávez y “Tico” Lozada, quienes finalmente fueron remitidos a Palmasola con detención preventiva.
El hecho fue denunciado por el juez y el Ministerio Público abrió investigación y una vez recabados los elementos de convicción y la concurrencia de los presupuestos establecidos en el procedimiento penal, libró el mandamiento de aprehensión el lunes; al día siguiente, martes, la imputó formalmente por uso indebido de influencias y obstrucción a la justicia, y ayer, el juez Cuarto de Instrucción en lo Penal, Hugo Michel, la envió a la cárcel con detención preventiva.
Ramírez dijo que en la audiencia cautelar los fiscales acreditaron la concurrencia de hechos delictivos de probable autoría de esta funcionaria y la existencia de los riesgos procesales de obstaculización.
Es el cuarto caso de supuesta corrupción que el Ministerio Público investiga en el Consejo de la Magistratura. El pasado mes, otra ex funcionaria de esta institución fue denunciada porque supuestamente pretendía negociar la designación de conciliadores, ella está con detención domiciliaria con posibilidad de trabajar, pero también fue cesada de su nuevo empleo en el Tribunal Constitucional Plurinacional.
