Los vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) rechazaron la apelación abstracta presentada por la defensa de Andrés Abastoflor y ratificaron la sentencia de primera instancia a 30 años de presidio sin derecho a indulto por la muerte de su concubina Sarah Hochstätter. El abogado del acusado, Jaime Tapia, adelantó que presentarán un recurso de casación porque a su juicio, los juristas hicieron una mala interpretación de la Constitución Política del Estado (CPE) y la norma Penal.

En junio, la defensa de Andrés Abastoflor presentó el recurso de apelación abstracta con el argumento de que hubo errores procesales al aplicar la norma penal, además que en el juicio su defendido estuvo en indefensión, ya que no se le permitió producir pruebas.

En ese sentido, los vocales de la Sala Penal Primera luego del análisis del recurso de apelación, emitieron la resolución rechazando y manteniendo la determinación del Tribunal de Sentencia Segundo que sentenció el 5 de mayo del presente año a Andrés Abastoflor a 30 años de presidio sin derecho a indulto a cumplirse en el penal San Roque.

REACCIONES
A decir del fiscal Departamental, Roberto Ramírez, los vocales realizaron su trabajo apegados a las normas vigentes en el país.

Por su parte, el abogado de Abastoflor, Jaime Tapia, lamentó que los vocales hayan ratificado la determinación de los jueces del Tribunal de Sentencia Segundo y no hayan realizado una interpretación correcta de la Constitución Política del Estado y el Código Penal.  

“Lamentablemente la Sala Penal no ha hecho un análisis conforme a la Constitución y ha pretendido convalidar las determinaciones que ha emitido el Tribunal de Sentencia, es notorio, se encuentra una falta de análisis minucioso del proceso porque se ha omitido considerar que a Andrés Abastoflor se le ha suprimido el derecho de defensa en el proceso, no se le ha permitido emitir ninguna prueba en el juicio, y en esas condiciones se ha aplicado una normativa inaplicable en el proceso”, argumentó el jurista.

Tapia adelantó que presentarán un recurso de casación ante el Tribunal Supremo de Justicia en el plazo de cinco días que franquea la ley. “Pediremos la revisión de las actuaciones ilegales que se han realizado”, concluyó.

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