En tres años, ocho fiscales distritales fueron cambiados
Desde su posesión en octubre de 2012, el fiscal General Ramiro Guerrero cambió a ocho de los nueve fiscales departamentales del país
Desde su posesión en octubre de 2012, el fiscal General Ramiro Guerrero cambió a ocho de los nueve fiscales departamentales del país, el único que continúa desde noviembre de 2012 es el fiscal de Tarija, Gilber Muñoz, quien está involucrado dentro de un proceso por la muerte de un reo en el penal de Morros Blancos, según la denuncia de los abogados de la familia del recluso.
El último en irse fue el fiscal departamental de Cochabamba, Freddy Torrico, que se mantuvo desde el inicio de gestión del fiscal Guerrero y renunció el jueves pasado alegando razones personales y cumplimiento de un ciclo.
La mayoría de los fiscales departamentales se fueron por renuncia, supuestamente por “razones personales” y otros por destitución como ocurrió con la fiscal Departamental de La Paz, Patricia Santos.
El 12 de noviembre de 2012 fueron posesionados nueve fiscales departamentales por el fiscal General Ramiro Guerrero; en La Paz, José Ponce; en Chuquisaca, Fernando Pacheco; en Pando, Alex Jorge Sánchez; en Beni, Wilma Ibáñez, la única mujer; en Tarija, Gilber Muñoz; en Cochabamba, Freddy Torrico; en Potosí, Juan David Quiñonez; y en Oruro, Francisco Terán.
El primero en ser sustituido del cargo fue el fiscal Departamental de Oruro, después el de Potosí, denunciados por presunta corrupción y así sucesivamente fueron saliendo el resto de los fiscales. La mayoría obligados a renunciar, excepto Freddy Torrico y Gilber Muñoz, el primero renunció el jueves y el único inamovible es el fiscal de Tarija.
En 2013, se conoció que la Fiscalía General del Estado abrió investigación al fiscal Gilber Muñoz, por presuntos delitos de concusión, consorcio de jueces, fiscales y abogados, además de enriquecimiento ilícito, por una denuncia interpuesta por Rosario Panoso López, madre del interno Marcelo Panoso, quien falleció en el penal de Morros Blancos resultado de 31 puñaladas en noviembre del 2012.
Muñoz, en su condición de fiscal, habría sostenido conversaciones para favorecer al reo Panoso antes de que fuera ejecutado. Se desconoce en qué situación está el caso.