Resignado de estar al frente de un “tribunal manipulado, un juicio sin pruebas, con acusadores arrepentidos y oficiosos”, el ex prefecto de Pando, Leopoldo Fernández, renovó sus fortalezas para proclamar su inocencia y asegurar que “el Gobierno ya perdió el juicio ante el juez que es el pueblo”.

La ex autoridad indicó que el poder central durante siete años no pudo probar que él es autor de los hechos de sangre del 11 de septiembre de 2008.

Con esta puntualizaciones, salió al paso a las declaraciones del presidente Evo Morales quien el viernes sostuvo que en Porvenir “hubo masacre”, ante la decisión de los campesinos pandinos de garantizar la unidad del país, en una coyuntura confrontada por el debate de las autonomías.

“Para mí el caso Porvenir se desmoronó cuando nuestro pueblo pandino, nos recibió con mucho cariño después de siete años de ausencia. Esto demuestra que el enfrentamiento fue provocado por el Gobierno”, precisó Fernández al recordar que esta provocación dejó 13 personas muertas: seis campesinos, tres normalistas, dos moradores de Porvenir, un pastor evangélico y un soldado.

SANEAMIENTO DE TIERRAS
Fernández dijo que cuando fue presidente interino de la República (2000-2001) en su condición de presidente del Senado, las cinco etnias (Yaminahuas, machineris, esse ejas, tacanas y cavineños) obtuvieron títulos de Tierras Comunitarias de Origen (TCOs). Además, Pando se convirtió en un departamento con el 100% de su territorio saneado y una dotación de 500 hectáreas por familia durante su gestión prefectural en 2008.

“¿Los campesinos defendían sus tierras? O defendían, como dice Evo, la unidad del país, buscando enfrentamiento ¿Quién les dio derecho propietario?, preguntó al sostener que los hechos de Porvenir se produjeron en medio de una ofensiva contra las autoridades prefecturales de la oposición. Puso de ejemplo el cerco a Santa Cruz con 20.000 campesinos, “para provocar al pueblo cruceño, a la cabeza del ex senador Fidel Surco”

SIN PRUEBAS
Aseguró que jueces y fiscales no tienen una sola prueba que lo incrimine, lamentando la “manipulación de la justicia” donde – según dijo - se viola el debido  proceso, se rechazan las pruebas de descargo y aceptan caprichos de la acusadora particular, Mary Carrasco, que estén en “la línea gubernamental”.

Hasta ahora, los acusadores Jorge Borobobo Vaca, Norah Montero viuda de Racua y Carlín Haensel Inuma, retiraron su acusación, pero continúa con tres familiares de las víctimas y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB).  El juicio se reanudará el 17 de septiembre en fase de pruebas extraordinarias, luego vendrán los alegatos y tras ello, el Tribunal Sexto de Sentencia de La Paz, emitirá su fallo.

El ex prefecto es uno de los últimos políticos con mayor vigencia desde 1979 cuando fue elegido diputado nacional por Pando. Cuenta con 36 años de trayectoria, de los cuales cinco pasó entre la cárcel de San Pedro y Chonchocoro y dos por razones de salud en detención domiciliaria en La Paz.

Defensa sostiene que nunca se comprobaron acusaciones

Karlo Brito, abogado de Fernández, también aseguró que los acusadores todavía no comprobaron su acusación, en sentido de que el ex prefecto fue el responsable de los hechos violentos de Porvenir.

Empero, según la acusación, la acción judicial surge a raíz de la violación de los derechos humanos especialmente de campesinos.

Según la defensa, Fernández intentó evitar el conflicto con los campesinos que marchaban para reunirse y planificar la defensa de la propiedad de sus tierras, ante el anuncio de una norma que facultaba a la Prefectura de Pando a revertirla. Con ese objetivo, primero ordenó hacer una zanja en Cachuelita para impedir el paso de los manifestantes, pero fue ahí donde —afirma— los campesinos atacaron con armas de fuego a funcionarios prefecturales. Segundo, tras conocer este hecho, se reunió con jefes militares y policiales, además de la Iglesia Católica, para pedirles que intervengan ante el uso de armas de fuego, pero éstos le dijeron que esperarían órdenes superiores.

Con el mismo procedimiento, fueron condenados Homer Polanco y William Terrazas por el caso Porvenir II, abierto en contra de actores del enfrentamiento que fueron identificados a lo largo de la investigación.