Demanda por el caso de La Calancha llega a la CIDH en EEUU
El demandante pidió medidas cautelares para que el Estado cubra los costos de salud
DEMANDA. Los familiares piden justicia por los muertos y heridos de La Calancha. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA recibió ayer la demanda por retardación y obstrucción de justicia contra el Estado boliviano por los muertos y heridos de La Calancha en noviembre de 2007; el demandante, diputado opositor Horacio Poppe (PDC), dijo que a nombre de los familiares piden sanciones contra el presidente Evo Morales y su ex ministro de Gobierno, Alfredo Rada.
El memorial fue presentado por los exiliados políticos bolivianos en Washington (Estados Unidos) a las 11:25 de ayer, y Poppe dijo que como medida cautelar solicitan que mientras dure el proceso, se disponga que el Estado boliviano habilite una cuenta bancaria para cubrir los gastos de curación de los heridos con lesiones y discapacidades.
El legislador señaló que la petición ante la CIDH cumple con todos los requisitos exigidos a través de un formulario y está seguro que la misma será aceptada y derivada a la Corte Interamericana de Derechos Humanos de San José de Costa Rica donde se iniciará el proceso de fondo.
“Estamos buscando el resarcimiento de las víctimas de la violencia política en noviembre de 2007 más conocido como el caso de La Calancha, y que se condene a los culpables, Evo Morales y principalmente a Alfredo Rada”, aseguró Poppe.
La solicitud de medidas cautelares será considerada por un agente de la CIDH que a su vez solicitó a los demandantes adicionar más pruebas sobre la situación de los heridos y se pronunciaría en las próximas dos semanas.
El parlamentario dijo que la retardación y obstrucción de la justicia que deriva en la vulneración de derechos humanos está fundamentada porque ocho años después de los hechos el sistema de justicia no esclareció nada y desde 2011 el expediente está a la espera de autorización de juicio de responsabilidades contra Alfredo Rada y tres ex jefes de la Policía, sin respuesta de la Asamblea Legislativa.
Dijo que parte de la prueba documental la consiguió del Colegio de Abogados de Chuquisaca que asesora a los familiares en la demanda de juicio de responsabilidades en el Legislativo.
En noviembre de 2007, dos estudiantes y un abogado fallecieron producto de heridas con arma de fuego y proyectiles, otros quedaron con lesiones graves en su integridad física.
