Madre funcionaria reclama la restitución en su trabajo

Una funcionaria de un juzgado de la Capital, madre de una niña de seis meses, pide que un Tribunal de Garantías constitucionales repare la vulneración de sus derechos, entre ellos, a la inamovilidad laboral, al haber sido cesada de sus funciones por disposición del Consejo de la Magistratura y demanda su restitución hasta que su hija cumpla un año como establece la Constitución Política del Estado que está por encima de toda ley y reglamentos.

La accionante I.M.H., que se desempeñaba como oficial de diligencias del Juzgado 6to de Instrucción Civil-Comercial, en su memorial de Acción de Amparo sostiene que el Consejo de la Magistratura en total desconocimiento de sus derechos como madre trabajadora la destituyó, pese a que estas autoridades desde la etapa de gestación de su bebé, reconocieron sus derechos constitucionales a la seguridad social y la maternidad.
La madre hace conocer que luego de un proceso de evaluación al que se sometió en octubre de 2014 fueron ampliados sus funciones a un periodo de 12 meses que concluyó el 8 de septiembre pasado y con el cómputo de sus vacaciones debía dejar el cargo, esto sin considerar que ella tiene una hija de seis meses y goza de la inamovilidad laboral reconocida por la Constitución.

El argumento del Consejo es que ella como oficial de diligencias es personal eventual, pero la Ley 025 del Órgano Judicial los reconoce como servidores públicos de apoyo judicial.

La acción de Amparo podría desarrollarse hoy en la Sala Civil, Comercial y Familiar del Tribunal Departamental de Chuquisaca, a quienes pide ordenar la restitución a su fuente laboral y dejar en suspenso la cesación hasta que su hija cumple al menos un año.

Pese a que la situación de la funcionaria mereció un pronunciamiento del presidente del Tribunal Departamental de Justicia, José Antonio Revilla, que solicitó al encargado de Recursos Humanos del Consejo de la Magistratura dejar sin efecto la cesación, ya que en Sala Plena se determinó la inamovilidad de funcionarias en estado de gestación hasta que su hija o hijo cumpla un año, el Consejo confirmó el acto que ella considera arbitrario.