En Bolivia hay 516 mil procesos judiciales en mora, por lo que urge la puesta en marcha de un plan de fondo para mejorar la aplicación de la justicia, reveló ayer, domingo, el viceministro de Justicia, Diego Jiménez.

La autoridad gubernamental señaló que la escasez de operadores, la penalización de casos atendidos por el Ministerio Público, escasos recursos económicos y otra serie de factores derivaron en la acumulación de eventos en los tribunales.

Puso como ejemplo la situación de un juez en La Paz que sólo emite 315 sentencias judiciales por año, en tanto que 55 en Tarija, lo que no permite identificar un promedio sobre la retardación judicial en el país.

“Los juzgados de instrucción tienen 35% de efectividad y el resto (de los casos se) lo pasa a la siguiente gestión. Es preocupante, se tramitan delitos públicos, robos, atracos, homicidios, no es posible que haya mora”, afirmó.

Según datos estadísticos que maneja el Gobierno, el 64% de la población infractora corresponde a la categoría de detenidos preventivos. Los juzgados cautelares nunca acaban de atender.

“La mora procesal, si bien se justifica, urge aumentar personal para las diferentes materias de acuerdo a la capacidad de resolución, tenemos que cambiar todo el modelo. Tenemos un sistema que no funciona, debemos trabajar en el modelo de gestión”, afirmó.

ROLES DIVERSOS
Mencionó que en la futura cumbre de justicia debe replantearse el rol del Consejo de la Magistratura, que en la actualidad elige jueces y fiscales, y simultáneamente sanciona.

Citó también la penalización de la justicia, cuando deberían existir otras instancias que le solucionen los problemas al litigante.

“Hemos penalizado todo, pareciera que para el Estado le da lo mismo que procesar el maltrato a un perrito que un feminicidio. No hay tratamiento diferenciado o (con) prioridad. Por eso en el proyecto que planteamos pretendemos diseñar escala de valores”, apuntó.

Dijo que el Ministerio Público debería ver crímenes y diferenciar otros delitos.

“En las faltas leves debería haber un procedimiento simple donde un juez aplique un proceso abreviado sin la participación del Ministerio Público. Esta nueva visión de política criminal es necesaria para cambiar el sistema penal. Hay que entender que se crearon leyes con presión social lo que no soluciona penalizando todo. Hay conductas que deben irse por otros lados”, concluyó.

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