Los nuevos códigos Procesal Civil y de las Familias entrarán en vigencia oficialmente el 10 de febrero con un acto protocolar de presentación el miércoles 10 de febrero en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Así lo definió ayer la comisión especial creada por la ley 719 que inicialmente dispuso la vigencia de la nueva normativa desde el 6 de febrero pero el feriado de Carnaval obligó a diferir esta fecha, confirmó ayer la consejera de la Magistratura Wilma Mamani.

Para el acto central se prevé la presencia del presidente Evo Morales y los miembros de la comisión de implementación de los códigos “Morales” de los órganos Judicial, Ejecutivo y Legislativo.

La última reunión de la comisión en la ciudad de La Paz aprobó las tareas que estableció la ley 719 de implementación de la nueva normativa, desde la creación de los juzgados públicos, los conciliadores, la socialización de las nuevas leyes, la adecuación de la infraestructura, el equipamiento tecnológico y las reglamentaciones.

Mamani dijo que el tema del presupuesto para la implementación de los códigos quedó en suspenso debido a que el Ministerio de Finanzas no hizo conocer con cuántos recursos económicos cuentan para este fin.

“Aún no hay el presupuesto para la implementación, ese es uno de los problemas”, aseguró Mamani.

Con algunas observaciones que serán ajustadas, la Comisión también aprobó el reglamento de selección y preselección de nuevos vocales que establece la ley 025 del Órgano Judicial para los tribunales departamentales de justicia; a la fecha continúan en acefalía unos 20 cargos pese a tener ítems.

El plan de descongestionamiento de la carga procesal en materia civil realizará un corte hasta el 5 de febrero para determinar las causas que seguirán siendo tramitadas por el antiguo código y los procesos que pasen a resolverse con la nueva codificación.

La Comisión también aprobó la creación y redistribución de los juzgados en todo el país en base a un mapa judicial, aunque esta disposición generó el rechazo de algunos municipios.

La Dirección General Administrativa y Financiera (DGAF) realizó la adecuación de la infraestructura física y el equipamiento tecnológico para el funcionamiento de los juzgados públicos y los conciliadores.