Denuncian violación de derechos en el caso de La Calancha
La ex presidenta del Colegio de Abogados Silvia Salame habló de complicidad
DEMORA. El proceso por los hechos de La Calancha no tiene investigación. El abogado de las víctimas del caso de La Calancha, Ariel Coronado, señaló que hay una flagrante violación a los derechos porque después de nueve años de la muerte de tres personas no hay autorización de juicio, en cambio, en la denuncia de la privación de la Empresa Nacional de Ferrocarriles (ENFE) y el proyecto de Formación de Capital en Áreas Secundarias (FOCAS) la Asamblea Legislativa Plurinacional viabilizó en menos de un año el juicio contra Gonzalo Sánchez de Lozada, Samuel Doria Medina.
El abogado Ariel Coronado denunció que la Asamblea Legislativa no tramita las solicitudes de autorización de juicio de responsabilidades por orden de llegada y mantiene en la congeladora el caso de las muertes de La Calancha en 2007 en el que están involucrados el ex ministro de Gobierno y actual viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, Alfredo Rada, y tres ex jefes policiales.
“En el caso de La Calancha hay una flagrante violación a los derechos de las víctimas de que hasta el momento no exista una autorización legislativa para juicio, es más, se hizo una autorización para otros casos como FOCAs y ENFE que fueron posteriores a la solicitud de la Calancha”, señaló Coronado.
El jurista asumió el caso por encargo del Ilustre Colegio de Abogados de Chuquisaca (ICACH) tras la muerte de Gonzalo Durán, Juan Carlos Serrudo y José Luis Cardozo en los conflictos por la Capitalidad en noviembre de 2007.
Por su parte la ex presidenta del Colegio Nacional de Abogados (CONALAB), Silvia Salame, aseguró que hay un silencio cómplice de la Asamblea Legislativa que hasta ahora no se pronuncia en este caso.
El abogado señaló que el pedido de autorización de juicio contra el ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada y otros por la privatización de ENFE y FOCAs fue presentado en marzo del pasado año y en menos de un año, el 16 de enero de 2016, la Asamblea Legislativa dio curso al proceso en el Tribunal Supremo de Justicia. En cambio el caso de La Calancha, desde 2010 no prospera la autorización pese a haber superado una serie de incidentes.
Coronado señaló que casos como este, donde murieron personas, tarde o temprano terminarán en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) porque demuestran que en Bolivia no existe independencia judicial.
