Un fallo judicial en Sucre dispuso que cinco ex jefes militares y un ex ministro del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, condenados por el caso Octubre Negro, paguen por resarcimiento más de Bs 1 millón a las víctimas que demandaron daños y perjuicios por esos luctuosos hechos en los que fallecieron al menos 60 personas y un centenar de heridos.

Dentro de la demanda de resarcimiento por los heridos y muertos de 2003, las víctimas pidieron entre Bs 200 mil y 500 mil por cada herido, dependiendo de la gravedad, y más de 1 millón por cada fallecido, sin embargo, el juez Primero de Sentencia en lo Penal, Eduardo Gonzáles, declaró probada la petición de unos 74 víctimas heridas y familiares de cinco fallecidos quienes se distribuirán en diferentes montos la suma de Bs 1.139.986 (un millón ciento treinta y nueve mil novecientos ochenta y seis bolivianos) dependiendo de la gravedad de su situación de salud.

El juez rechazó la demanda de otras 40 personas que no demostraron la vinculación entre los hechos y la responsabilidad civil. El fallo también dispone el pago de un salario mensual de por vida para tres personas discapacitadas.

Los condenados a pagar esa suma son los ex miembros del Alto Mando Militar de 2003, Roberto Claros Flores, Gonzalo Alberto Rocabado, Juan Veliz, Luis Alberto Aranda Granados y José Oswaldo Quiroga Mendoza, además del ex ministro Erick Reyes Villa.

El juez Gonzáles, que antes de leer su fallo admitió falencias en las pruebas, explicó que la calificación de la sentencia es individual y por tanto la indemnización es personal, de acuerdo con los tiempos de permanencia en el hospital de las víctimas, los días de impedimentos, salarios acreditados, el trabajo que tenían ese año.

A falta de pericias de prueba, Gonzáles dijo que falló en base a la sana crítica de la lógica y la experiencia pero su resolución todavía será revisada por un tribunal superior que puede confirmar o revocar la misma.

“La responsabilidad es solidaria, mancomunada e indivisible de los seis demandados”, aseguró Gonzáles.

Tras escuchar la sentencia, el ex comandante del Ejército, Juan Veliz, anunció que apelará el fallo para evitar este pago porque no se comprobó su responsabilidad en hechos en los que intervino la institución armada, por lo que el resarcimiento deben cobrarlo al Estado.

Teresa Rosquellas, abogada de los militares, calificó de errado el fallo judicial porque los demandantes no demostraron a lo largo del juicio un solo elemento probatorio del daño ni siquiera patrimonial y menos moral.

Por su parte, el abogado de las víctimas, Freddy Ávalos, anunció que también apelará el fallo porque no lo comparte sobre todo respecto al rechazo de la demanda de al menos 40 víctimas.

Aclaró que jamás pidieron una renta vitalicia de por vida para los discapacitados, pero el juez así lo dispuso.

Los cinco militares y dos ex ministros de Estado fueron condenados a diez y 15 años de cárcel por la extinta Corte Suprema de Justicia el 30 de agosto de 2011.

Veliz: Cumplimos la Constitución y la Ley de las FFAA

Previa a la lectura de la sentencia, el general Juan Veliz recordó que desde hace cinco años cumple una sentencia condenatoria “injusta”, dictada por un tribunal “injusto” (el 30 de agosto de 2011) por un delito que no cometió porque considera que sus actos estaban enmarcados en el cumplimiento de la Constitución y las leyes para garantizar el orden legalmente constituido.

Veliz dijo a las víctimas que debieran pedir la indemnización a los dirigentes sindicales de entonces que “les obligaron a participar de las movilizaciones”.

“Tienen derecho a ser resarcidos por quien utilizó de mala forma la institución (FFAA)”, agregó.

Recordó que los dirigentes y ex defensores de derechos como Sacha Llorenti, el sacerdote Wilson Soria y otros, se beneficiaron con altos cargos en el Gobierno, después de los hechos, y el Ministerio Público no tuvo la capacidad de investigar a los verdaderos protagonistas como el entonces Capitán General de las FFFAA, Gonzalo Sánchez de Lozada y los dirigentes sindicales.

“Ustedes qué han recibido, nada, pídanle cuentas al Gobierno”, enfatizó Veliz, el único que habló de los cinco acusados presentes.