Tras instalarse este martes la última audiencia del Caso 24 de Mayo, en Padilla, en la que se dio curso a las palabras al Álvaro Ríos, uno de los 14 acusados y al que le faltaba hablar, el prsidente del Tribunal de Sentencia determinó cuarto intermedio hasta las 15:00 para resolver una recusación presentada contra el juez ciudadano Teófilo Armingol Avendaño.

Ríos, durante su particpación ante el Tribunal, dijo que hace uso de la palabra con mucha decepción, al reprochar a sus acusadores sabiendo que es inocente. “Estoy aquí casi siete años de juicio por algo que no cometí”, manifestó.

“Me acusan de planificar las agresiones a campesinos con el Comité Interinstitucional, pero en este proceso, la Fiscalía con las pruebas de grabaciones y de imagen no han podido demostrar mi participación", sostuvo.

Agregó que los que deberían ser juzgados realmente son el ex ministro Sacha Llorenti, el actual gobernador Esteban Urquizu y el actual viceministro de Seguridad Ciudadana, Carlos Aparicio, entre otros.

Tras su alocución, el fiscal Lisandro Álvarez presentó una recusación contra el juez ciudadano Teófilo Armingol Avendaño, por haberse comunicado vía telefónica con los acusados y el abogado Efraín Arancibia y emitir juicios de valor.

Esta acción generó protesta en el acusado Fidel Herrera y de los abogados Adrián Zarate y Ariel Coronado, quienes indicaron que no se puede admitir ningun otro actuado tras haberse instalado la audiencia.

Es por eso que el Tribunal ingresó a un cuarto intermedio para resolver dicha controversia.

Los acusados esperan que este sea el último viaje que realizan a Padilla, porque desde hace más de tres años asisten todos los lunes y martes de cada semana a participar de la audiencia de juicio oral, según dijo el abogado de la ex prefecta Savina Cuellar, Ariel Coronado.

Por su parte, Jaime Tapia, abogado del ex alcalde, ex rector y ex presidente del Comité Interinstitucional, Jaime Barrón, expresó su esperanza de que el Tribunal emita un fallo absolutorio para todos los acusados debido a que la Fiscalía ni las víctimas demostraron con pruebas los delitos acusados como presuntos autores intelectuales de los hechos de agresión a campesinos.

“Queremos un fallo fuera de las presiones políticas, de acuerdo con las pruebas, la ley y su conciencia”, enfatizó por entretanto el acusado ex dirigente cívico Jhon Cava.