Rubén Costas es denunciado por supuesta compra irregular de vehículos

La Fiscalía imputó al gobernador de Santa Cruz, el opositor Rubén Costas, por la supuesta malversación de dinero estatal en la compra de 40 vehículos en 2007, informó este martes una fuente oficial.

La Procuraduría General del Estado explicó en un comunicado que la imputación formal a Costas fue realizada a solicitud de esa institución, tras una denuncia presentada por la Contraloría Departamental de Santa Cruz en 2010.

El opositor y otros cuatro funcionarios de la Gobernación cruceña fueron demandados por los supuestos delitos de malversación, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, señaló la Procuraduría.

Las autoridades nacionales acusaron a Costas de haber utilizado en forma ilegal recursos provenientes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos para comprar 40 camionetas por unos 866.400 dólares hace nueve años.

La Procuraduría sostuvo que el dinero del citado impuesto debe ser destinado "específicamente a temas de desarrollo económico, desarrollo social, seguridad ciudadana y no a la adquisición de vehículos que para su compra deben ser incorporados en el presupuesto de cada entidad pública".

Según la misma institución, los vehículos fueron comprados sin licitación pública y transferidos a otras unidades que no tienen relación con la seguridad ciudadana.

El asesor de Gestión de la Gobernación de Santa Cruz, Víctor Hugo Añez, replicó que existe un informe del Instituto de Investigaciones Fiscales que señala "que el proceso de adquisición de estos vehículos fue realizado de acuerdo a normas, con total transparencia".

Según el funcionario, en la compra incluso hubo un ahorro del 30% en el coste de los vehículos, adquiridos para atender emergencias por desastres naturales en Santa Cruz.

Para Añez, se trata de un proceso "político" para anular a Costas como líder opositor al Gobierno de Evo Morales.

El funcionario también opinó que las autoridades nacionales actúan con "revanchismo" hacia Santa Cruz porque en esa región se impuso en el referendo del pasado 21 de febrero el No a la reforma constitucional que iba a permitir al presidente Morales volver a ser candidato en las elecciones de 2019.

"Es una actitud lamentable desde todo punto de vista porque vemos que el Gobierno está queriendo transpolar los problemas de corrupción, de falta de transparencia que tienen ellos y que no pueden solucionar y quieren buscar a otros actores para que la distracción se pase hacia las regiones", indicó.