Imputan a Rubén Costas y éste ve afanes políticos
La Fiscalía primero rechazó la denuncia pero fue reactivada recientemente
IMPUTADO. El gobernador de Santa Cruz Rubén Costas. El Ministerio Público en Santa Cruz imputó formalmente al gobernador Rubén Costas, ex autoridades y servidores públicos por la adquisición de 40 camionetas doble cabina, supuestamente se hizo de manera ilegal con recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) el año 2007. Desde la Gobernación ven una acción política en contra de Costas.
La denuncia fue presentada por la Contraloría Departamental de Santa Cruz en 2010. El Ministerio Público formalizó la imputación en contra de Rubén Costas, Roly Aguilera, José Luis Parada y otros funcionarios por los presuntos delitos de malversación, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, según una nota de prensa.
Según la imputación presentada por el fiscal de Materia Osvaldo Dante Tejerina, los denunciados habrían obviado la licitación pública para la compra de los motorizados y utilizaron al PNUD para la adquisición de los mismos, a través de un programa, burlando así la norma vigente para los procesos de contratación.
Por otro lado, parte de los vehículos habrían sido transferidos a otras unidades que no tienen relación con la atención de la seguridad ciudadana ni la atención de desastres, agrega la información entregada por la Procuraduría.
Tras la reactivación de la imputación formal contra Rubén Costas, el director de Gestión de la Gobernación cruceña, Víctor Hugo Añez, manifestó su rechazo a la acción legal que, a su criterio, es impulsada por el Gobierno central a fin de "inhabilitarlo" para los comicios del 2019.
"Nosotros vemos claramente una acción política del Gobierno dirigida a la persecución, denota un grado de revanchismo producto de los resultados del referéndum", manifestó el funcionario en conferencia de prensa.
Añez dijo que también se "quiere perseguir al gobernador Rubén Costas, líder de la oposición, a fin de inhabilitarlo" para los comicios electorales del 2019.
"El proceso de adquisición de camionetas lleva más de seis años, tiene ya rechazo de denuncia, tiene un informe del IDIF en el que claramente dice que la compra se hizo de acuerdo a norma, para atender emergencias en el departamento", explicó.
