Ex fiscal Mendoza se declara inocente y denuncia ante la ONU ser víctima de una confabulación

El ex fiscal Milton Mendoza, declarado prófugo de la justicia por la Fiscalía dentro del caso Ganam, en una carta enviada al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en Bolivia, denuncia ser víctima de una confabulación urdida por el Ministerio Público, y observa que el allanamiento en su oficina fue ilegal y atentatoria al ejercicio libre de la profesión, lo que vulnera el principio de confidencialidad.

En la carta fechada el 6 de abril a la que accedió ANF, Mendoza le señala al alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, Denis Racicot, que la reacción y molestia de sus detractores no se dejaron esperar, cuando el 29 de marzo a las 11.30 horas, el fiscal Anghelo Jairo Saravia Alberto, sin contar con una orden judicial fundamentada y previa, procedió a allanar su oficina profesional a sola sospecha de que se estaría concertando un fallo con el vocal Fernando Ganam Cortez.

"Quiero aclarar que el vocal Fernando Ganam fue cliente mío (Lo defendí en la causa seguida por el M.P. y ABC contra él) y se encontraba en mi oficina el día 29 de marzo de 2016 en esa condición y de ninguna manera, y eso quiero remarcar, él (Fernando Ganam) formaba parte del Tribunal de Garantías que iba a conocer y decidir sobre la acción de amparo constitucional que habría presentado el señor Johnny Walber Castelú en contra de los Directivos de COTEL", explica en la misiva.

Mendoza confirma ser el abogado defensor de los directivos de Cotel, sin embargo señala que "los vocales convocados en ese caso (Castelu contra Cotel) son los doctores Wily Arias y Rubén Ramírez; por lo tanto, niego enfáticamente que mi persona hubiera concertado algún fallo o cometido algún delito, sino más bien fui víctima de una confabulación urdida por el Ministerio Público para perjudicarme, la misma que lesiona gravemente el sistema de derecho", señala textual.

"Niego enfáticamente que mi persona hubiera concertado algún fallo o cometido algún delito, sino más bien fui víctima de una confabulación urdida por el Ministerio Público para perjudicarme, la misma que lesiona gravemente el sistema de derecho", señala el abogado.

En ese contexto, el ex fiscal Mendoza afirma que el fiscal Saravia no sólo allanó su oficina sin orden judicial, sino también la requisó violentado chapas, cerraduras y finalmente se llevó documentos, computadoras, dispositivos informáticos, una caja fuerte con $us 28 mil y Bs. 15 mil, producto de su trabajo.

"Es por eso que denuncio este hecho repudiándolo puesto que atenta de forma directa con el ejercicio libre de la abogacía con la seguridad y garantía", señala.

Desde la clandestinidad, Mendoza afirma que el fiscal Saravia vulneró el principio de inviolabilidad tipificada en la Ley 387, por lo que la actividad procesal perpetrada por el Ministerio Público y la Policía habría sido defectuosa.

"Todos esos principios que garantizan el ejercicio profesional y la defensa de una persona han sido desconocidos por el fiscal Anghelo Jairo Saravia Alberto, vulnerando el debido proceso y el ejercicio libre de la profesión de abogado", señala Mendoza.

El jurista sindicado de haber tranzado resoluciones a favor de Cotel, también hace notar que al estar precintada se vulnera el principio de legalidad, seguridad jurídica y particularmente el principio de confidencialidad que se debe a sus clientes y personas que confiaron sus casos y documentos, "puesto que no se pueden interceptar las comunicaciones entre abogados e imputado".

CASO OCTUBRE NEGRO Y SAQUEO DEL BCB

En su condición de abogado y activista militante de los derechos humanos en Bolivia, Mendoza afirma que a lo largo del este último tiempo fue emitiendo opiniones públicas sobre la necesidad de la transformación de la justicia en el país y fue colaborando con investigaciones internacionales en ese sentido.

También señala que en su calidad de ex fiscal de casos muy importantes como el de "Octubre negro" tomó contacto con una periodista estadounidense, quien investiga la fortuna obtenida por ex dignatarios de Estado en Latinoamérica, entre ellos Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Sánchez Berzaín, y se comprometió a enviarle algunos documentos relacionados a la investigación que realizó sobre el saqueo sufrido el 12, 13 y 14 de octubre de 2003 en el Banco Central de Bolivia y las remesas que llegaron desde Estados Unidos a Santa Cruz.

"Curiosamente allanan mi oficina sin tener una orden judicial y sin que yo me encuentre presente, interrumpiendo el envió de esa documentación", mencionó.

A lo largo de 25 años (dice Mendoza) ejerció la profesión de abogacía, "siempre actué con decoro, ética, responsabilidad y principalmente con honestidad, de lo que son testigos, abogados, jueces, fiscales, el mundo litigante, así como la comunidad que me conoce".

Entre los casos que llevó adelante cita el abogado, la investigación y el procesamiento de organizaciones criminales vinculadas a la Policía (Prosegur I y II), la promoción del levantamiento del secreto militar y la desclasificación de archivos en la investigación por los desaparecidos de la dictadura de 1980,

Participó en sentencias condenatorias en cinco juicios de responsabilidades a altos dignatarios de Estado, entre ellos Gonzalo Sánchez de Lozada acusado por el genocidio de septiembre y octubre de 2003. "A lo largo de mi labor siempre he tenido hostigamientos, amenazas y agresiones", expuso ante la OACNUDH.

De acuerdo al Ministerio Público, en el bufete del abogado Milton Mendoza se redactaban "a conveniencia" proveídos que después firmaba la jueza segunda de Instrucción en lo Penal Cautelar, Lía Cardozo, quien fue derivada al penal de San Sebastián de Cochabamba, por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes y consorcio de jueces, fiscales y abogados.