Supremo solicita a Cancillería informe sobre Petrocontratos

La dilación en el inicio del juicio de responsabilidades por el caso Petrocontratos obligó al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) a enviar una nota al Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia solicitando información sobre el trámite de notificación con la acusación fiscal a Gonzalo Sánchez de Lozada, Carlos Alberto Contreras del Solar y Jorge Berindoague que radican en Estados Unidos, situación que impide la instalación de la audiencia de juicio oral desde hace seis meses, según informó el presidente del Tribunal de Juicio de responsabilidades, Fidel Marcos Tordoya.

La nota dirigida al ministro de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia, David Choquehuanca, firmada por Tordoya, señala que el 8 de enero de este año, el Presidente del Tribunal de Juicio envió una nota en la cual se solicita a la Cancillería a su cargo que por la instancia correspondiente disponga el seguimiento al trámite de notificación con la acusación fiscal a Sánchez de Lozada, Contreras del Solar y Berindoague, sin tener ninguna respuesta a la fecha.

“Por lo que respetuosamente reitero la solicitud a fin de dotar celeridad al trámite del juicio de responsabilidades que nos ocupa”, señala parte de la nota remitida por Tordoya vía courier.

Dentro de este proceso también está acusado el ex presidente de la República Jorge Quiroga Ramírez, el único que asistió a las audiencias preparatorias del juicio, por la presunta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y otros por la firma de contratos petroleros en 2005 sin autorización congresal.

En marzo pasado, el presidente del Tribunal de Juicio, Fidel Marcos Tordoya, denunció que este juicio no arrancaba después que la acusación de la Fiscalía General fue presentada en mayo de 2015 por la falta de celeridad en la notificación con la acusación a los tres ciudadanos bolivianos radicados en Estados Unidos, diligencia que está a cargo del Ministerio Público y la Cancillería boliviana.

Al respecto, el Ministerio Público respondió que la demora en la notificación no es de su responsabilidad porque en el trámite intervienen las instancias diplomáticas de ambos países y pidió la suspensión de plazos procesales.