El Órgano Judicial expresó su temor de que en la Cumbre Judicial del 3 y 4 de junio en Sucre no exista debate y se ponga en vigencia la propuesta de la Procuraduría General del Estado que sugiere modificar la Constitución Política del Estado para otorgar facultades al Presidente en la elección de la mayoría de las altas autoridades judiciales, lo cual sería un retroceso a los tiempos de la “dictadura y el neoliberalismo” cuando se imponía autoridades y los partidos en función de Gobierno se distribuían los cargos, revelaron ayer los magistrados.

Los miembros del Órgano Judicial, con la ausencia del Consejo de la Magistratura, presentaron ayer en la Casa de la Libertad sus propuestas para una reforma integral del sistema de justicia, resultado de la precumbre del 8 y 9 de abril en la que se aprobó nueve ejes temáticos haciendo énfasis en la independencia de los jueces, la autonomía presupuestaria y el pluralismo jurídico.

Los magistrados alertaron que tras la conclusión de las precumbres departamentales en Santa Cruz, el Gobierno, a través del Ministerio de Justicia, pretende poner en vigencia la propuesta de la Procuraduría General del Estado que sugiere una reforma constitucional para modificar el sistema de elección de las altas autoridades judiciales y darle mayores facultades al Presidente.

Ese planteamiento incrementa de nueve a 15 el número de magistrados en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), de ellos nueve elegidos por el Presidente, uno por cada departamento de ternas elegidas por la Asamblea Legislativa Plurinacional y seis elegidos por la Asamblea, por dos tercios de votos.

El Tribunal Agroambiental tendría siete miembros, cuatro elegidos por el Presidente y tres por la Asamblea; el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) tendría 11 magistrados, nueve elegidos por el Presidente y dos por la Asamblea. La preselección debe estar sujeta a reglas meritocráticas.
El Consejo de la Magistratura sólo tendría tres autoridades, dos de ellas elegidas por el Presidente y una por la Asamblea.

El presidente del TSJ, Pastor Mamani, calificó esta propuesta como un retroceso en la conquista del voto universal para la elección de las autoridades judiciales, que hasta ahora tienen una legitimación al igual que el Ejecutivo y el Legislativo que son producto de las elecciones, sostuvo.
“Con la propuesta de la Procuraduría se pretende retroceder a los tiempos anteriores, dictadura y neoliberalismo, donde los partidos políticos en función de Gobierno, en la Asamblea Legislativa o Parlamento se repartían los ministros, completamente politizado para hacer del Órgano Judicial un apéndice del Ejecutivo y el Legislativo. La propuesta de la Procuraduría es eminentemente política y posiblemente sí o sí lo van a poner en vigencia el 3 y 4 de junio”, remarcó.

En la misma línea, el magistrado Antonio Campero alertó su temor de que la Cumbre sea tergiversada y se saquen conclusiones que no son las reales sin tomar en cuenta la independencia que es el pilar para garantizar la paz social y la seguridad jurídica.

Desde el mismo salón de la Casa de la Libertad, el magistrado Fidel Marcos Tordoya sostuvo que el documento de la Procuraduría muestra quién debe elegir a los magistrados en contra de la decisión del pueblo boliviano que votó por unas elecciones judiciales.

“Pido al pueblo boliviano que juzgue si quieren una justicia verdadera o solamente quieren nombrar los cargos de las principales autoridades que sean serviles a futuro”, argumentó.

En cambio, el magistrado Rómulo Calle demandó mayor coordinación entre las jurisdicciones del sistema judicial para hablar de pluralismo jurídico y de un Estado Plurinacional.

Como propuesta del Órgano Judicial en la lucha contra la corrupción, la magistrada Maritza Suntura propuso que los magistrados, jueces y funcionarios muestren a través de una página web sus ingresos económicos, los viajes que realizan y cómo llegaron al cargo, como una señal de transparencia.

Fue el mismo Gobierno que impulsó la elección de las autoridades judiciales por voto popular y ahora pretende descartarlo.