Archivan 1.932 procesos resueltos de enero a abril
Jueces denuncian sobrecarga procesal y discriminación salarial entre juzgados
CAUSAS. Los expedientes fueron remitidos a la oficina de archivo del TDJ. Los Juzgados Primero y Tercero de Instrucción Penal y Cautelar archivaron 1.932 expedientes con causas concluidas, alivianando así su carga procesal. Sin embargo, surgió el reclamo de nivelación salarial con los Juzgados Públicos que ganarían “más por menos trabajo”, según denuncia de los juristas cautelares.
En cumplimiento del cronograma de archivo de causas en el Tribunal Departamental de Justicia (TDJ), ayer el juez de Instrucción en lo Penal Cautelar Nº 1, René Conde, remitió 915 expedientes correspondientes a diciembre de 2015 y los primeros cuatro meses de 2016.
Entre los expedientes están resoluciones judiciales concluidas de procedimientos abreviados, criterios de oportunidad, suspensión condicional de proceso, resoluciones de rechazo, extinciones de la acción penal, prescripciones y declinatorias.
Asimismo, la jueza de Instrucción en lo Penal Cautelar Nº 3, Ximena Mendizábal, remitió 1.013 expedientes correspondientes a los primeros cuatro meses del año al archivo del TDJ.
Los dos juristas coincidieron en que las causas concluidas desvelan el trabajo realizado en los juzgados, pese a contar con poco personal y una sobrecarga de expedientes que llegan a estos juzgados de diferentes procesos penales, de corrupción pública y de delitos contra la mujer.
NO HAY JUZGADOS ESPECIALIZADOS
Conde denunció que hasta la fecha en Chuquisaca no se crearon los juzgados especializados que por ley deberían habilitarse en el TDJ, como el juzgado anticorrupción, que se haga cargo de procesos en el marco de la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz Nº004, y el juzgado contra la violencia familiar, para delitos estipulados en la Ley 348.
“Al no haber estos juzgados, las causas son derivadas a los juzgados cautelares provocando un sobrecarga procesal”, manifestó.
DESNIVEL SALARIAL
Los juristas Mendizábal y Conde coincidieron en que hay una “discriminación salarial” a los jueces cautelares respecto a los públicos que antes eran en materia civil y familiar y que con la vigencia de los Códigos Morales se les incrementó el salario y no así a los de instrucción penal y cautelar.
