El vicepresidente Álvaro García Linera propuso este viernes debatir en la Cumbre Nacional de Justicia la sumatoria de penas y la cadena perpetua a violadores de menores de edad que causen la muerte a sus eventuales víctimas.
"No tendríamos la dignidad de seres humanos si no intervenimos y hacemos algo, duro y fuerte, para impedir que se repita ese tipo de crimen infernal. Niños y niñas nos reclaman protección, que los cuidemos, que no seamos despreocupados (…) cadena perpetua a la violación de niños y niñas con muerte", sugirió el Segundo Mandatario en su discurso de inauguración de la Cumbre Nacional de Justicia en Sucre.
De acuerdo a un estudio realizado por las Naciones Unidas, Bolivia se ubica como el segundo país de América Latina con los más altos índices de violencia sexual. La representante en Bolivia del Fondo de las Naciones Unidas para la Población (UNFPA), Miriam Taborga, comparó los datos con los niveles que alcanza una "pandemia".
García propuso además la sumatoria de penas y no el perdón judicial que actualmente se aplica en el sistema de justicia. Explicó que cuando una persona es procesada por dos delitos solo cumple su condena con la sanción más alta y el delito con menos años de cárcel es condonado.
"Estamos proponiendo que la Cumbre debata la sumatoria de penas, no la condonación de penas, no el olvido de penas, que el delincuente sepa que las cosas van a ser duras (…) si suma 20 ó 25 años que pase esos años en la cárcel", apuntó.
La autoridad también sugirió ser más drásticos con las personas reincidentes. "Se propone penas elevadas a los reincidentes, se duplique, se triplique en el caso del mismo delito al reincidente", remarcó.
En otras propuestas está el uso de agentes encubiertos para las labores de lucha contra la corrupción en el órgano judicial y que se consideren "pruebas idóneas" los videos y grabaciones, que en el actual sistema no tienen validez para probar un delito.
También propuso que se mantenga la elección de magistrados por voto ciudadano pero haciendo previamente una modificación radical en el Órgano Legislativo para garantizar que los operadores de justicia sean elegidos por sus méritos y antecedentes en la administración judicial.
Así también recomendó un plazo de 140 días para que se haga una depuración total de los operadores de justicia en base a sus antecedentes profesionales y laborales.
Las sugerencias del Poder Ejecutivo incluyen asimismo el reajuste en la arquitectura del Poder Judicial, de tal manera que el Tribunal Supremo de Justicia se dedique exclusivamente a la administración de justicia, mientras que el Consejo de la Magistratura sea el que se encargue de los temas administrativos y económicos y de la selección de jueces y vocales, entre otros.
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