La Cumbre Judicial cerró con más de 100 conclusiones destinadas a reformar la justicia, entre ellas la cadena perpetua para los violadores de menores de edad; mantener la elección de magistrados por voto popular, previo ajuste de la modalidad de preselección, y la evaluación al desempeño de jueces y fiscales en un plazo de 120 días tras lo cual podrían ser suspendidos. Sobre el presupuesto demandado por el Órgano Judicial, la Cumbre estableció que los jueces primero deben demostrar resultados y en cuanto a la independencia judicial ésta se infiere en el voto popular.

El evento realizado en el Centro Internacional de Convenciones y Cultura (CICC), con una mayoría abrumadora de sectores afines al Gobierno, aprobó en sus seis mesas de trabajo varias reformas a las leyes y posiblemente a la propia Constitución Política del Estado, aunque el Gobierno asegura que será la comisión de implementación la que determinará si hay necesidad de una reforma constitucional.

El próximo paso, según el viceministro de Justicia, Diego Jiménez es la elaboración de un documento de planificación estratégica con todas las determinaciones de la Cumbre para formalizar los mecanismos de implementación.

Una de las primeras conclusiones en cumplirse sería la evaluación del desempeño de los operadores de justicia en un plazo de 120 días que estaría en manos del Órgano Judicial y determinaría la separación de la institución de los funcionarios con denuncias, procesos penales y sanciones disciplinarias.

“Esto permitirá destituir a los elementos contaminados del sistema de justicia y en un tiempo prudente renovarlos por profesionales capacitados en las escuelas de jueces y fiscales”, aseguró Jiménez. Cabe aclarar que la Escuela de Jueces recién a fin de año tendrá una nueva promoción de 200 jueces. Por su parte, la Fiscalía comenzó a institucionalizar a sus funcionarios en ejercicio y no habrá nuevos fiscales.

VOTO POPULAR
La determinación de mantener la elección de altas autoridades judiciales por voto popular, con una etapa rigurosa de preselección en la Asamblea Legislativa, sobre la base de la meritocracia, fue la de mayor consenso en todos los sectores.

"Por unanimidad se decidió mantener el voto popular, que es una conquista del pueblo. Eso sí, se hará una radical modificación al sistema de preselección de candidatos", explicó el viceministro de Defensa al Consumidor, Guillermo Mendoza, que participó en la Mesa 1 del sistema de elección de autoridades judiciales.

Como requisitos se puso una edad mínima de 30 años, y que no tengan antecedentes penales, de violencia intrafamiliar y tampoco parentescos con jueces, vocales y magistrados.

La modificación de la Ley del Órgano Judicial y la del Deslinde Jurisdiccional y la consolidarción de la igualdad de jerarquía entre las justicias indígena y ordinaria fue aprobada en la Mesa 2 de acceso a la justicia. Además se determinó garantizar la gratuidad de la justicia, la justicia itinerante y la creación de las salas constitucionales departamentales, entre otros.

La Mesa 3 sobre retardación de justicia, aprobó la eliminación de la estructura “colonial” de los tribunales departamentales de justicia para darle celeridad a los procesos a través de la modernización judicial con la aplicación de la tecnología y de nuevos modelos de gestión, el control sistematizado de plazos procesales y la oralidad plena en los juicios.

En esta mesa se aprobó la evaluación de jueces, vocales, fiscales, policías y abogados de Defensa Pública en un plazo de 120 días a cargo del Órgano Judicial con participación del Ejecutivo y el Legislativo. Esta renovación acabará con la transitoriedad de los funcionarios establecida por la Ley 025 y pondrá en vigencia la carrera judicial.

El problema de corrupción fue abordado en la Mesa 4, que en sus conclusiones determinó la implementación de cámaras de vigilancia en las oficinas de los jueces, magistrados, fiscales y policías; la incorporación del agente encubierto para la investigación de los consorcios de abogados y la elaboración de una ley que admita como prueba idónea las filmaciones y grabaciones en delitos de corrupción que actualmente no son válidas dentro de un proceso.

Para una mayor transparencia en la información, la comisión aprobó la promulgación de una ley de acceso a la información pública y que las instituciones del Órgano Judicial, Ministerio Público, Tribunal Constitucional y Policía coadyuven a través de sus sitios web oficiales.

Asimismo, habrá mecanismos de verificación del patrimonio de los operadores de justicia y que alcanzará también a sus familiares.

La nueva política criminal fue debatida en la Mesa 5, en la que se decidió incluir la sumatoria de penas y la cadena perpetua como sanción máxima para violadores de niñas y niños que hayan fallecido producto del abuso. Esta decisión implica la modificación de la Constitución, ya que la Carta Magna establece 30 años de cárcel como pena máxima.

Esta mesa aprobó la aplicación excepcional de la detención preventiva y ampliación de las medidas alternativas a la detención preventiva tomando en cuenta la realidad socioeconómica de las personas.

Por último, la mesa 6, debatió el régimen disciplinario y la formación de valores en las carreras de Derecho. Entre los puntos aprobados está la suspensión del ejercicio de funciones de entre cinco a 20 años de los abogados y todos los operadores de justicia que incurran en una falta grave o gravísima.

Hay criterios divergentes sobre si las reformas judiciales implican abrir la Constitución vigente
El viceministro de Justicia, Diego Jiménez, señaló que la sumatoria de penas no requiere abrir la Constitución sino que se busca que si una persona cometió varios delitos tiene que ser juzgada por todos y no como ocurre actualmente por el delito mayor. “La cumbre determinó la cadena perpetua para los violadores de niños y niñas y esto evidentemente significaría una modificación constitucional en caso de requerirse, este es el tema específico; el tema de la Inspectoría Judicial también”, agregó.

En cambio la ministra de Justicia Virginia Velasco respondió que el tema será debatido técnicamente en la comisión de implementación, después de entonces se dará mayor información.

En la misma línea, el presidente de la Comisión de Constitución del Senado, Milton Barón, sostuvo que después de la centralización de las conclusiones se definirá las reformas normativas que correspondan.

Entre tanto, Francisco Ibarra del Tribunal de Justicia Indígena del Estado Plurinacional de Bolivia afirmó que la Constitución no se tocará con las reformas judiciales aprobadas. “En estos dos días de trabajo en esta cumbre por lo menos se mantiene la Carta Magna, la Constitución, que no se toca eso te puedo yo anticipar como una noticia bien integradora”, remarcó.

Pablo Ceballos, otra máxima autoridad de justicia indígena y curaca mayor de la Nación Qhara Qhara de Chuquisaca, reiteró que sin los pueblos indígenas no habrá justicia plural ni Estado Plurinacional.

El presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Pastor Mamani, ratificó que sin un presupuesto adecuado no habrá mejor infraestructura, sistema informático y ampliación de más juzgados. En su criterio, la independencia está plasmada en el voto popular.

La viceministra de Justicia Indígena, María Elena Attard, agregó que la justicia indígena fue abordada en la mesa de acceso a la justicia y se destacó la experiencia de esta jurisdicción como modelo para mejorar los problemas de la justicia ordinaria.

En su criterio hay algunos ejes que requieren de una reforma en la Constitución y otros sólo de una modificación normativa.

Conformarán una comisión para ejecutar las conclusiones
En su evaluación, la ministra de Justicia, Virginia Velasco, sostuvo que la Cumbre logró una masiva participación de todos los sectores y bastante debate en las seis mesas de trabajo de donde surgieron conclusiones que tienen que ser ejecutadas.

“Desde el lunes se conformará una Comisión de implementación de las conclusiones de la Cumbre a corto, mediano y largo plazo”, aseguró.

Consultada sobre la necesidad de abrir la Constitución para concretar las reformas judiciales aprobadas, Velasco dijo que los técnicos especializados en la Comisión analizarán esta situación.

El viceministro de Justicia, Diego Jiménez, señaló que el próximo paso, que está en manos del Ministerio de Justicia, es la elaboración de un documento de planificación estratégica para concretar todas las determinaciones de la Cumbre.

Sobre el presupuesto, Jiménez dijo que se determinó mejorar el presupuesto del Órgano Judicial pero de acuerdo a las necesidades de mayor cantidad de jueces y la carga procesal y no para la contratación de más asistentes y administrativos.

Una versión diferente tuvo la magistrada del Tribunal Agroambiental, Cinthia Armijo, que observó como “preocupante” el endurecimiento de penas porque si se aplicarán las normas vigentes habría una mejor justicia.

“No es lo básico endurecer penas, criminalizar una profesión, penalizar a todo un sistema judicial, con agentes encubiertos, cámaras de vigilancia que se podrían solucionar si las instancias encargadas de sancionar a las autoridades de los órganos del Estado cumplieran adecuadamente su rol”, enfatizó.

Respecto a la determinación de la Mesa 4 de cesar de sus funciones a los operadores de justicia luego de una evaluación de desempeño, el presidente del Consejo de la Magistratura, Wilber Choque, dijo que con la evaluación a los jueces del país, dejarán sus funciones aquellos que tengan procesos.

Explicó que el trabajo de sanear a los servidores públicos necesariamente pasará por una evaluación previa de los jueces, vocales o personal que tiene procesos pendientes, sentencias en materia penal o sanciones disciplinarias.

ALGUNOS VACÍOS
Para Eddie Cóndor, Director Ejecutivo de Fundación Buen Gobierno, las propuestas emergentes de la Cumbre Judicial, “era previsible que no consideren aspectos medulares de una reforma judicial, por la forma en que fue concebida y desarrollada”.

En lo judicial indica que, “las propuestas no se enfocan en elementos estructurales que suman a la crisis judicial y más bien ponen acento en algunas medidas legislativas, la mayoría de control y castigo a los principales operadores públicos y privados de los servicios de justicia.

No quedó establecido cuál es el plazo para que el Órgano Legislativo termine de dictar el marco jurídico del Sistema de Justicia plural.

El Órgano Ejecutivo cerró la posibilidad de contar con un presupuesto que viabilice la implementación plena de ese andamiaje jurídico, que impacte –entre otros aspectos– en ampliar la cobertura de los servicios judiciales a todo el país, tecnificándolos y dotándolos de recursos humanos calificados a todas las instituciones que intervienen en el circuito judicial.”

Añadió que, “preocupa que no hayan considerado la propuesta del Órgano Judicial, emergente de la precumbre del Sistema Judicial Boliviano, relativa a la necesidad de afianzar y desarrollar institucional y legalmente la carrera judicial y el régimen disciplinario".