El vicepresidente Álvaro García Linera afirmó ayer, domingo, que la idea de la Cumbre Nacional de Justicia y de todos los esfuerzos que hace el Gobierno se orientan a restituir la majestad de la justicia, venida a menos en los últimos tiempos, y lograr que sea rápida, gratuita y transparente. Mientras la ministra de Justicia, Virginia Velasco, anunció que el miércoles se reúne la comisión de implementación de las conclusiones de la Cumbre.

García Linera afirmó que se identificaron los problemas que ocasionaron que la justicia llegue a ser considerada una especie de "cloaca institucional" y dijo que tras la cumbre en Sucre, que aprobó varios cambios, la tarea es implementar los cambios para cambiar esa fisonomía.

"Hemos hecho un balance completo y hemos evaluado que la justicia está mal", afirmó en el programa "Esta casa no es hotel" de la red ATB al puntualizar que por esos problemas de procedimiento, de formación, de retardación, entre otros, algunos jueces y fiscales viven del "chantaje" de "la corrupción".

El Vicepresidente afirmó que en Sucre se reunieron fundamentalmente las víctimas de esa justicia "que apesta" y no los "victimadores", porque lo importante era escucharlos y que planteen sugerencias para su implementación, tarea que aseguró se implementará de inmediato, junto con otras propuestas de los juristas y otros sectores.

"Hay una hoja de ruta, hay una meta", remarcó al insistir que se buscarán las vías legales para ponerlas en práctica.

García Linera reconoció algunos errores que cometió el Gobierno del MAS en la intención de cambiar la historia de la justicia y puntualizó que uno de ellos fue "devaluar la meritocracia" en la selección de los magistrados y tribunos, error que dijo no se debe volver a repetir, al contrario, dijo que se debe "revitalizar la meritocracia".

Afirmó, no obstante, que a pesar de esos errores, se observó cambios sobre todo en lo "civil y familiar" al recordar que hace 15 años había fiscales que "torturaban" y jueces que censuraban la palabra.

"Queremos una justicia rápida, gratuita, transparente", puntualizó.

Por aprobación de la Cumbre, una comisión especializada analizará la posibilidad de abrir la Constitución Política del Estado para dar legalidad a la sugerencia del Vicepresidente, de instituir la pena de cadena perpetua para delitos de violación de niños seguida de muerte, porque con la actual estructura constitucional esa figura no es viable.

La ministra de Justicia, Virginia Velasco, indicó que la comisión será conformada por representantes de la Asamblea Legislativa, Órgano Ejecutivo, Órgano Judicial, Fiscalía General del Estado, Consejo de la Magistratura, universidades y Policía, y se reunirá el próximo miércoles.

Sostuvo que esa comisión también planificará la implementación de las conclusiones de los seis ejes temáticos en un corto, mediano y largo plazo, porque “tampoco la justicia se cambiará mañana sino será un proceso”, admitió.

La comisión también definirá la evaluación en 120 días al desempeño de los jueces y fiscales en los tribunales ordinarios. La mesa 4 de la cumbre pidió cesar de sus funciones a todos los operadores de justicia.

Velasco precisó que la evaluación apuntará al trabajo que cumplen esos operadores de justicia desde el punto de vista de calidad y cantidad de sentencias que emiten en el año con relación a la carga procesal que tienen en sus despachos.

Por su parte, la ministra de Transparencia, Lenny Valdivia, destacó ayer que el pueblo boliviano se pronunció por la refundación y rediseño de la justicia en la Cumbre Judicial de Sucre.

El diputado Víctor Borda (MAS), añadió que en la Cumbre Judicial se debatió "exhaustivamente" el diagnóstico de la justicia en Bolivia y que ahora la tarea fundamental de la Asamblea Legislativa Plurinacional es materializar las conclusiones a través de normativas jurídico legales.

Iván Lima: Hay dos plazos que aprobó la Cumbre

En criterio del ex magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, Iván Lima, en este momento hay dos plazos en curso, la Asamblea Legislativa deberá emitir una resolución que norme el proceso de selección de magistrados y consejeros, respetando criterios de meritocracia y el Consejo de la Magistratura, a pesar de sus reiteradas negativas, deberá realizar la revisión del escalafón judicial y la evaluación del desempeño de jueces y vocales. Lima dijo que el cambio constitucional modificando la pena máxima de 30 años a condena perpetua (sin límite de tiempo) es un retroceso y como tal sería inconvencional e inaplicable.

“Espero que no pase de la anécdota, porque ahora la tendencia es bajar la pena máxima a 15 años efectivos en todos los crímenes. Hay que recordar que la Constitución define que las penas son para resocializar y no para castigar o vengarse”, agregó.

El jurista dijo que los roles están claros, quizás el que más perdió fue el procurador Héctor Arce, que propuso eliminar la elección por voto directo y otros temas que no fueron aprobados en la Cumbre.

Los temas tratados en la Cumbre son una constatación de causas, problemas y metas de trabajo, nada nuevo y nada concreto, es un ejercicio de diálogo, según sus palabras.