Ernesto Franco Paz y Matilde Pessoa, con más de 60 años, se apostaron ayer en puertas del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) la última instancia de justicia que puede hacer respetar su derecho propietario sobre un inmueble en un barrio de la ciudad de Santa Cruz del que pretende apropiarse un ex ministro de Estado con documentos falsos, aseguran.
Franco denunció que hace más de 11 años, un abogado le hizo firmar documentos en blanco indicando que estaba saneando su derecho propietario, pero después hizo aparecer un documento como si él hubiera vendido su terreno. “Aparece un documento que yo le había vendido a Salvador Ric a quien no lo conozco”, señaló Ernesto Franco.
Con ese documento falso, el supuesto comprador demandó la desocupación del inmueble, pero el juez de primera instancia declaró improbada la demanda en 2007 porque no probó su pretensión. Sin embargo, en 2009, tres vocales de la justicia cruceña revocaron esa sentencia y ordenaron la desocupación del inmueble.
Franco dijo que planteó un recurso de nulidad y casación que en 2014 fue declarado improcedente por los magistrados liquidadores de la Sala Civil argumentando deficiencias en el recurso. Después de 11 años de la demanda no tiene justicia y están a punto de perder su única casa y esperan un “milagro” de la justicia constitucional porque temen que el poder económico del demandante les deje desamparados. “Si voy a salir de ahí (de la casa) voy a salir muerto”, aseguró Franco que junto a su esposa e hija están en el TCP.
