Instan a aplicar control de convencionalidad

Los Estados cometen violaciones a los derechos fundamentales sobre todo en casos de corrupción y procesos de índole político, pero que no son motivo de control de constitucionalidad y de convencionalidad. Esa fue la respuesta de dos expositores en el ciclo de conferencias sobre control de convencionalidad y de constitucionalidad organizado por el Órgano Judicial y el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).

Los expositores José Alejandro Suárez (Perú) y María del Pilar Aldayus (Bolivia) coincidieron en la obligación de las autoridades y operadores judiciales la aplicación del control de convencionalidad y sobre todo del TCP que tiene el control concentrado.

Suárez señaló que los delitos de corrupción a nivel del Estado no sólo afectan al Estado y al Gobierno sino a toda la colectividad. “Cuando hay sobreprecio en las licitaciones afecta a los derechos de salud, educación y eventualmente de justicia de los habitantes”, dijo el abogado peruano.
Lo propio, la falta de un presupuesto que garantice la eficiencia y eficacia del acceso de la justicia, afecta al derecho enfatizó.

La abogada Aldayus, agregó que hay temor de los jueces en aplicar el control de convencionalidad y prefieren escudarse en la aplicación literal de la ley, sobre todo en casos de orden político.

El presidente del TCP, Oswaldo Valencia, aclaró que el control de convencionalidad es la aplicación de los tratados internacionales de derechos humanos a casos concretos por parte de los jueces y magistrados.