Renuncian 10 fiscales por no revelar su patrimonio

Diez de los 30 funcionarios fiscales sometidos a investigación en la Unidad de Investigación Patrimonial (UIP) de la Fiscalía General del Estado renunciaron presuntamente por temor a ser revelada su fortuna...

INVESTIGACIÓN. La información se conoció en la feria institucional. INVESTIGACIÓN. La información se conoció en la feria institucional.

Sucre/CORREO DEL SUR
Seguridad / 10/08/2016 06:40

Diez de los 30 funcionarios fiscales sometidos a investigación en la Unidad de Investigación Patrimonial (UIP) de la Fiscalía General del Estado renunciaron presuntamente por temor a ser revelada su fortuna y otros 20 continúan en proceso realizando sus descargos; hasta fin de mes habrá informes conclusivos, reveló el director de esta Unidad, Luis Orellana la pasada semana en la feria informativa organizada en Sucre.

Explicó que el pasado año, 30 funcionarios fueron sometidos a la investigación de su patrimonio en la UIP, y este año se amplió a 60 los investigados para establecer si hay coherencia entre el ingreso salarial que perciben y el patrimonio que tienen. El Ministerio Público a nivel nacional tiene alrededor de 500 fiscales.

“No es coherente que alguien que gana Bs 6.000 tenga un patrimonio de 1 millón de dólares”, aseguró.

De los 30 primeros investigados, entre ellos el fiscal General Ramiro Guerrero, diez prefirieron renunciar antes de emitir su descargo.

En caso de encontrarse indicios de la comisión de delitos de corrupción como el enriquecimiento ilícito, Orellana dijo que los remitirá a la Fiscalía especializada para el inicio de un proceso penal.

Por su parte la Unidad de Persecución de Delitos de Corrupción de la Fiscalía General se encarga de investigar y procesar a los funcionarios, ex funcionarios involucrados en estos hechos ilícitos.

Su directora, Wilma Blazz, informó que en todo el país hay más de 7.000 casos de corrupción que están en proceso, de ellos, unos 60 están relacionados con daño económico al Estado y otros delitos que son parte de la investigación fiscal.

“Los servidores públicos aprovechando que manejan recursos económicos procedieron a darle mal uso y la Ley sanciona estas conductas”, señaló Blazz que anteriormente se desempeñó como fiscal departamental de Beni y Potosí.

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