A fin de mes llegarán a Sucre los miembros de la Comisión del Ministerio Público y Defensa Legal de la Cámara de Diputados para recibir declaraciones de testigos, magistrados y consejeros del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que son investigados en esta instancia. A la fecha hay 41 denuncias abiertas contra las autoridades, que podrían derivar en la suspensión del cargo.

La diputada del Partido Demócrata Cristiano (PDC) y miembro de la Comisión del Ministerio Público y Defensa Legal, Norma Piérola, informó que tras la ampliación de 80 y 60 días de plazo que se emitió para concluir las investigaciones contra los magistrados del TCP, Tribunal Agroambiental, Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Tribunal Agroambiental y consejeros de la Magistratura por la supuesta comisión de varios delitos en el ejercicio de sus funciones, entre ellas prevaricato, uso indebido de influencias, beneficios en razón del cargo, incumplimiento de deberes, resoluciones contrarias contra las leyes y la Constitución Política del Estado, entre otros, decidieron llegar a Sucre a tomar la declaración a las autoridades denunciadas y los testigos de cargo.

“Llegaremos (miembros de la Comisión del Ministerio Público y Defensa Legal) a Sucre y estaremos desde el 29 de agosto hasta el 2 de septiembre tomando declaraciones a los testigos de cargo para sustentar las denuncias que investigamos a los consejeros del Consejo de la Magistratura y magistrados del Órgano Judicial y del TCP”, manifestó.

Entre los denunciados están los magistrados del TCP, Oswaldo Valencia y Macario Lahor; del Tribunal Agroambiental Bernardo Huarachi, Patty Paucara, Cinthia Armijo, Javier Peñafiel y Lucio Fuentes; del Consejo de la Magistratura, Roger Triveño, Freddy Sanabria, Wilma Mamani, Cristina Mamani y Wilber Choque; y del Tribunal Supremo de Justicia, Rita Nava y Rómulo Calle. Contra estas autoridades hay 41 causas abiertas, informó.

A decir de la parlamentaria, 30 días pasaron de la ampliación del plazo y se prevé cumplir los tiempos para luego imputarlos formalmente y solicitar la suspensión de sus cargos para que se defiendan del proceso penal que tendrían que afrontar en la Cámara de Senadores.