La renovación de los más de 1.000 jueces y 100 vocales será progresiva y no se resolverá en la gestión de las actuales autoridades judiciales a quienes les quedan 16 meses. En diez días más sale la convocatoria para elegir a nuevos magistrados y consejeros y el Ejecutivo aún elabora las leyes que viabilizarán la reformas judiciales dispuestas en la Cumbre de abril pasado.

Esa es la opinión del ex magistrado del Tribunal Supremo de Justicia Iván Lima, quien aseguró que la Ley 025 del Órgano Judicial establece que seis meses antes de la finalización del mandato de las actuales autoridades judiciales la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) debe emitir la convocatoria para elegir a los sucesores y no habrá tiempo suficiente para cambiar a 1.100 jueces, según dijo.

Si bien la cumbre judicial determinó un plazo de 120 días para la evaluación de los jueces del país, Lima aclaró que el Ejecutivo que organizó el evento, todavía trabaja en la normativa para poner en marcha las transformaciones en la justicia.

Lima señaló que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), en una interpretación contraria, determinó que la evaluación del desempeño no era necesaria porque todos los funcionarios son, según su juicio, transitorios y pueden ser cambiados mediante convocatorias.

El presidente del Consejo de la Magistratura, Wilber Choque, admitió que un cambio general de juzgadores en el sistema judicial tiene que darse de manera progresiva para no perjudicar la labor jurisdiccional ni a los litigantes, tiene que estar acompañado con una normativa y ajustes en las leyes vigentes.

En cambio, la Asociación de Magistrados de Bolivia (AMABOL) considera que una evaluación de desempeño determinará quienes se quedan o se van. El Ministerio de Justicia elabora una ley para que sea aprobada en la ALP y compatibilizar las conclusiones de la cumbre si es viable una convocatoria de renovación general, y en caso de haber vulneraciones activar las demandas correspondientes, aseguró su presidente David Rosales.